La dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII, por Francesc Morales

Un golpe de Estado, perpetrado en septiembre de 1923 por el general Miguel Primo de Rivera desde su capitanía general de Cataluña, puso punto y final al régimen constitucional [todavía, por poco tiempo] más duradero de la historia de España. El levantamiento militar guardaba un gran parecido con cualquiera de los típicos y castizos pronunciamientos decimonónicos. Hoy resulta evidente que lo acontecido en esas fechas no puede compararse con las sangrientas intervenciones militares que, en España y fuera de ella, han jalonado la historia del siglo XX (Álvarez Rey 2006, 17). Por esos años no solamente España, sino también Hungría, Italia, Grecia, Portugal, Polonia y Yugoslavia se convirtieron en dictaduras contrarrevolucionarias (Quiroga 2007, 1).

Los regímenes militares de principios del siglo XX apelaron a la represión física y a las ideas nacionalistas para ganarse el apoyo de las masas, legitimarse y socavar la popularidad de la izquierda. Se dirigió la atención pública hacia enemigos internos y externos para integrar a las clases baja y media. De esta forma se integraban las masas en la política sin pagar el precio de la democratización. Para ello se utilizaron no sólo las tradicionales instituciones para adoctrinar, en este caso la escuela y el Ejército, también se utilizaron maquinarias de propaganda, partidos políticos oficiales, milicias nacionales y miles de ceremonias patrióticas. España fue de los primeros países europeos en pasar por ese proceso (Quiroga 2007, 1–2). La España de Primo de Rivera fue uno de los primeros estados sometido a un cirujano de hierro, algo deseado desde los trabajos intelectuales de Oswald Spengler y Alcides Arguedas, y hecho realidad en la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk.

Hubo distancia, por lo tanto, entre los militares españoles que controlaron la política española en algunos momentos del siglo XIX y Primo de Rivera. Como también la hubo entre éste y la dictadura de Francisco Franco. Por ejemplo, Primo de Rivera nunca incurrió en la hipocresía de justificar la ilegalidad de su sublevación. En multitud de ocasiones repitió que su acto del 13 de septiembre fue ilegal pero necesario (Álvarez Rey 2006, 17). A fin de cuentas, el rey Alfonso XIII seguía en la jefatura del Estado y la dirección de Primo de Rivera debía durar tan sólo unos meses. Tal y como Primo de Rivera publicó en el diario El Sol, el Directorio tomaría el poder quince, veinte, treinta días, los que fueran necesarios para que el pueblo mismo facilitara hombres públicos civiles, pero no pertenecientes a la clase política, capaces de gobernarlo (Pérez 2006, 562).

Para ello había que transformar al pueblo español. La percepción era que existían enormes diferencias entre una minoría surgida del mundo urbano e industrial, y una mayoría rural tenida por incivilizada en todos los sentidos de la palabra. Esa es una forma de ver la dictadura de 1923 a 1930, que se prolongaría ya sin Primo de Rivera hasta 1931: la minoría de europeos residentes en España debían imponerse a las tribus, tal y como había anunciado en su día Miguel de Unamuno. Hacia 1905, Unamuno ya veía claro que liberalismo y democracia eran contrapuestos, y que ésta última implicaba la aniquilación de la individualidad ante la masa y la colectividad. Cada vez estaba más convencido de que las elites debían tomar a su cargo el destino del pueblo e imponerle la cultura. Las masas le parecían la personificación de la barbarie y la incultura (Pérez 2006, 558–9).

Una lucha de oposiciones, de cambios dirigidos desde arriba que tuvieron amplia resistencia dentro de un orden de cosas autoritario que se suponía podía meter en cintura a cualquier oposición. Una particularidad de esa oposición fue que utilizó el mismo discurso patriótico nacionalista que el del régimen.

El golpe de Estado

¿Por qué se produjo el golpe de septiembre de 1923? Las razones son múltiples: la precariedad de los gobiernos de turno; la incapacidad del sistema de la Restauración para atraerse y asimilar nuevas fuerzas políticas; el caciquismo y corrupción tan denunciados por los intelectuales; la aguda crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial; el ambiente de guerra social que caracterizó al período inmediatamente anterior a la implantación de la dictadura; la incidencia del problema catalanista; o las consecuencias que en el Ejército, la política y la sociedad española de aquellos años desencadenó el revés colonial de 1921en Marruecos (Álvarez Rey 2006, 17–8, Pérez 2006, 545). Sobre esto último, el golpe permitió a Alfonso XIII eludir su responsabilidad personal en el desastre de Annual porque la comisión investigadora, encabezada por el general Juan Picasso, tenía que informar a las Cortes el 1 de octubre siguiente, cosa que nunca se produjo. El Gobierno, como veremos de inmediato, fue sustituido por el Directorio militar y el rey —encantado de perder de vista a todos los políticos— disolvió las Cortes (Beevor 2005, 23).

 

Unos diez meses antes del golpe de Primo de Rivera se había constituido el Gobierno de Concentración Liberal, presidido por Manuel García Prieto. El propósito de este gabinete no era otro sino el de llevar a cabo una amplia democratización del régimen de la Restauración y de la propia Monarquía. Algunas de las reformas propuestas fueron acabar con el sistema caciquil, impulsar las obras públicas, o la educación de la mujer (Álvarez Rey 2006, 22–3). Pero el 12 de septiembre de 1923 Primo de Rivera lanzó un llamamiento al país y al Rjército, y el día 15 era nombrado por el rey presidente del Directorio militar encargado del gobierno ((Pérez 2006, 545–6).

Es posible que el golpe de septiembre de 1923 no fuera la sentencia de muerte de un cadáver político, sino la estrangulación de un bebé democrático que estaba empezando a surgir del mismo parlamentarismo español. En cualquier caso, el golpe no cogió a casi nadie por sorpresa. De hecho, se hablaba de ello abiertamente en los periódicos. Los militares tenían el factor de unión que necesitaban, una oposición radical a la clase política, y un dirigente lo suficientemente ambiguo como para que fuera aceptado por todos (Pérez 2006, 25). Incluso las organizaciones obreras se mostraron indiferentes, al principio, ante el golpe de Estado (Beevor 2005, 23).

Afianzamiento e intento de institucionalización de la dictadura

Las clases dirigentes, incluidas las de Cataluña, con las que el general Primo de Rivera había mantenido una excelente relación como capitán general, recibieron con simpatía la dictadura. Pero la alegría duró poco en Cataluña: ante su insistencia en la autonomía, el dictador prohibió el uso público de la lengua catalana y clausuró la Mancomunitat (Beevor 2005, 23).

Las manifestaciones patriótico-nacionalistas fueron uno de los elementos dirigidos a sostener el nuevo sistema. El otro fue la creación de un partido oficialista para el régimen, en este caso la Unión Patriótica, erigido a partir de las uniones patrióticas que había impulsado Ángel Herrera Oria y su Asociación Católica Nacional de Propagandistas con el fin de formar un gran partido católico (Beevor 2005, 24).

Otro de los elementos clave, la paz social, se consiguió a base de perseguir organizaciones anarquistas como la Confederación Nacional del Trabajo, aunque ésta ya se encontraba muy desmantelada, con sus militantes presos o exiliados (Beevor 2005, 24). Desde hacía unos años Barcelona vivía en medio de un régimen de terror. Los medios conservadores temían que los disturbios se extendieran al conjunto del país y que desembocaran en una revolución bolchevique, temor exagerado, sin duda (Pérez 2006, 545). Por otro lado, Primo de Rivera realizó acercamientos con la Unión General de Trabajadores (UGT), cosa que llevó al sindicato socialista a colaborar con la dictadura en un organismo corporativo: el Consejo Superior de Trabajo. Y, en septiembre de 1924, el secretario general de la UGT Francisco Largo Caballero aceptó ser consejero de Estado (Beevor 2005, 24, Pérez 2006, 548).

Ese acercamiento al mundo sindical respondía al interés que la dictadura tenía en querer regular la economía y la sociedad imitando la organización corporativa fascista (Pérez 2006, 548). En efecto, el régimen primorriverista puso en marcha una ambiciosa campaña de obras públicas, con especial atención a la construcción de nuevas carreteras y mejora de las existentes, y al regadío y a la energía eléctrica mediante la construcción de embalses. Carente, sin embargo, de los instrumentos fiscales necesarios porque no existían, y no podía crearlos enfrentándose a la oligarquía, tuvo que recurrir al expediente del presupuesto extraordinario, que pretendió financiar con deuda pública y que significó a la postre la creación de una gran deuda pública (Beevor 2005, 24).

Ante las deficiencias del capitalismo español, Primo de Rivera utilizó los recursos del Estado para apoyarlo. Así, subvencionó los ferrocarriles —que entonces eran de propiedad privada— y algunas compañías navieras, y concedió el monopolio de teléfonos a la ITT norteamericana, el de petróleo a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima (formada por un consorcio de bancos privados) y el de tabaco de Ceuta y Melilla a Juan March, que ya era dueño de la compañía de transporte marítimo Transmediterránea (Beevor 2005, 24–5). Aunque sería justo decir que muchas de las medidas económicas de Primo de Rivera ya estaban presentes en los postulados regeneracionistas de Joaquín Costa (Pérez 2006, 547). Unas medidas económicas que pusieron más énfasis en considerar a los obreros industriales, dejando a un lado a los trabajadores agrícolas (Pérez 2006, 562).

En cuanto al enemigo exterior, los sucesos de Marruecos continuaban preocupando a los responsables civiles y militares. Después del desastre de Annual, la zona oriental del protectorado español seguía amenazada por los hombres de Abd el-Krim (Pérez 2006, 545). Primo de Rivera no gozaba de las simpatías de los militares africanistas, no veía al Ejército español lo suficientemente capaz de derrotar a las tribus rifeñas rebeldes. Pero fue entonces cuando, en abril de 1925, los rebeldes norteafricanos cometieron el error de atacar la zona francesa de Marruecos, ocasión que aprovechó Primo de Rivera para convencer a Francia de emprender una acción conjunta (Pérez 2006, 551). El resultado de esa colaboración sería el desembarco conjunto en Alhucemas en septiembre de 1925. Fue el primer desembarco militar con mando unificado de tropas de tierra —con tanques, por primera vez—, aviación y marina. En otras palabras, fue el primer desembarco anfibio de la historia. Desde la posición privilegiada de Alhucemas las diferentes columnas, entre las que se encontraba la del coronel Francisco Franco, derrotaron a la oposición rifeña.

A parte de esto, la única innovación que incorporó la dictadura en el campo de la diplomacia fue la concerniente a las relaciones con las repúblicas de América Latina. En 1899 ya se había instituido la Fiesta de la Raza para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas, el 12 de octubre de 1492, y exaltar, inmediatamente tras el desastre de Cuba, los valores espirituales frente al materialismo encarnado por Estados Unidos. Primo de Rivera recuperó esta orientación e intentó darle un contenido: una oficina de relaciones culturales, los institutos hispanoamericanos y, en 1929, se celebró en Sevilla la Exposición Iberoamericana (Pérez 2006, 551, Roy 1999, 11–2).

Los partidos políticos tradicionales, como no eran más que meros comités electorales, perdieron su razón de ser al ser disueltos el Congreso y el Senado. Quedaron, eso sí, otro tipo de partidos, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Lliga Regionalista (Pérez 2006, 546). Los militares, a los que Primo de Rivera había colocado en todas las administraciones, no estaban preparados para la labor que se esperaba de ellos. Así, el 3 de diciembre de 1925 el Directorio militar fue reemplazado por otro civil, cuyos miembros recibieron el título de ministros y pasaron a formar parte de un Consejo de Ministros presidido por el dictador. Más que políticos parecían tecnócratas (2006, 562).

El fracaso de la institucionalización de una dictadura

Primo de Rivera cometió el error de querer institucionalizar la dictadura (Pérez 2006, 562). Los conservadores se hartaron del dictador por su insistencia en el Estado corporativo y su retórica sobre el bienestar de los trabajadores; la Iglesia desconfiaba de su regalismo y los banqueros y los industriales de su intervencionismo. Por su parte, tanto los anarquistas como muchos estudiantes presentaron dura oposición al régimen desde 1927 con la creación de la Federación Universitaria Española y de la Federación Anarquista Ibérica (Beevor 2005, 25–6). También hubo impaciencia entre la clase política, formada alrededor de la Alianza Republicana (2005, 25), así como en una parte del Ejército. Esto último quedó demostrado en la protesta de los artilleros en 1926 y los planes de deposición del dictador de algunos militares reunidos alrededor del anciano general Valeriano Weyler. Primo de Rivera creyó que podría superar las dificultades creando en 1927 la llamada Asamblea Nacional Consultiva, formada por tres representantes por provincia: uno por la provincia propiamente dicha, otro por los ayuntamientos, y un tercero propuesto por el partido oficial, la UP. La asamblea se vería completada por representantes del mundo de la cultura, de los empresarios, de los trabajadores, y de otras actividades de la vida nacional, todos ellos designados por el Gobierno. También se consideró la redacción de una Constitución que excluyera cualquier retorno al régimen parlamentario (Pérez 2006, 563–4).

En un último acto de contradicción política del mandato de Primo de Rivera, esos proyectos no gustaron a nadie, ni siquiera al propio dictador, que consideraba que el potencial Consejo del Reino y el rey dispondrían de demasiados poderes. El 26 de enero de 1930 Primo de Rivera pilló desprevenido a todo el mundo, y dio a conocer sus intenciones a través de la prensa: consultó a los militares si todavía contaba con su confianza, pero no recibió ningún apoyo, y presentó su dimisión dos días después (Pérez 2006, 564, Beevor 2005, 26).

Para liquidar la dictadura, el rey contó con otro general, Dámaso Berenguer. Se disolvió la Asamblea Nacional Consultiva, se decretó una amnistía general, y se dispuso que se reinstaurara la Constitución tal como había funcionado hasta 1923. El error de Berenguer fue creer que se podía cerrar el paréntesis abierto por el golpe de Estado y volver a empezar como antes. Además, Berenguer pasaba por ser, con razón o sin ella, el responsable del desastre de Annual. Fueron muchos los que tomaron conciencia de los vicios del sistema y vieron cómo la solución no era volver al pasado, sino cambios mucho más importantes que algunas reformas anodinas. Una idea se abrió paso, especialmente desde la posición de Alianza Republicana: la de que la Monarquía se había comprometido demasiado con la dictadura. En vez de manifestarse como un poder moderador, por encima de los partidos y garantizando la unidad nacional, la Monarquía se había identificado con un sistema de gobierno impopular. En otras palabras, Alfonso XIII y la institución monárquica empezaron a ser considerados como un obstáculo para la vía de la renovación. En ese momento muchos depositaron sus esperanzas en un régimen que habría de inaugurar una nueva era: la república (Pérez 2006, 564–5).

Berenguer presentó la dimisión el 14 de febrero de 1931, y Alfonso XIII formó un nuevo gobierno, presidido por el almirante Juan Bautista Aznar-Cabañas, quien intentó eludir los obstáculos haciendo caso de una sugerencia de Álvaro de Figueroa Torres, conde de Romanones: para suavizar el debate sería buena idea empezar renovando los ayuntamientos. Este tipo de escrutinio, en principio, parecía presentar menores riesgos políticos, ya que no tenía por qué movilizar demasiado a los partidos. Se equivocaron (Pérez 2006, 564–65).

 

Bibliografía

Álvarez Rey, L. (2006), Bajo el fuero militar. La dictadura de Primo de Rivera en sus documentos (1923–1930), Sevilla, Universidad de Sevilla.

Beevor, A. (2005), La guerra civil española, Barcelona, Crítica.

Pérez, J. (2006), Historia de España, Barcelona, Crítica.

Quiroga, A. (2007), Making Spaniards. Primo de Rivera and the Nazionalization of the Masses, 1923–30, Nueva York, Palgrave Macmillan.

Roy, J. (1999), La siempre fiel. Un siglo de relaciones hispanocubanas (1898–1998), Madrid, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación Libros de la Catarata.

 

 

Este texto, aparecido el 14 de junio de 2017 en la revista Anatomía de la Historia, que yo dirigí, iba a formar parte de una breve historia contemporánea de España que finalmente no pudimos completar, pero que dio artículos tan excelentes como él.