Ayuso habla como una insurgente mientras Maricarmen se muere (por Justo Serna)

El 23 de septiembre de 2026, Maricarmen Abascal, de ochenta y siete años, fue desahuciada del piso madrileño en el que había vivido más de siete décadas. Salió de allí en unas condiciones penosas. Las imágenes televisivas alcanzaron a todo el país. Ingresó en el hospital Gregorio Marañón y murió el 7 de octubre, sin haber podido regresar a la vivienda pese al acuerdo logrado para hacerlo.

La sucesión de acontecimientos resulta estremecedora. El desalojo, la hospitalización y la muerte se produjeron en apenas dos semanas. Esa secuencia no autoriza por sí sola a establecer una responsabilidad médica o jurídica determinada, pero tampoco permite desentenderse de las condiciones en que se desarrolló el conflicto. La tragedia irrumpió en una ciudad cuya marca política lleva años vendiéndose como una combinación de dinamismo, oportunidades y libertad.

Maricarmen no era una figura de la oposición diseñada por un gabinete de comunicación. Era una inquilina anciana, y precisamente por eso la escena desbarataba la comodidad del decorado.

Se puede proclamar que Madrid es el lugar donde nadie le dice a uno lo que debe hacer. Resulta algo más difícil explicar qué libertad concreta disfruta quien no puede permanecer en su propia casa.

No es que el Gobierno autonómico dictara aquella orden: confundir competencias, procedimientos judiciales y responsabilidades políticas sería hacer el mismo truco que se pretende criticar. Es que la imagen obliga a preguntar por el alcance real de las promesas y por la responsabilidad de cada administración ante el problema de la vivienda.

El 8 de octubre, Isabel Díaz Ayuso llamó “políticos buitres” a sus adversarios de Más Madrid y el PSOE madrileño, acusándolos de aprovecharse de la muerte de Maricarmen. Y responsabilizó a una “ley socialista” del desahucio. Hay en esa reacción un mecanismo reconocible para quien haya leído a Fernández y para quien haya reflexionado sobre el fenómeno Ayuso.

¿Qué mecanismo es?

Convertir una interpelación en un contraataque, desplazar el foco de la situación padecida por una ciudadana hacia la mala fe atribuida al rival. Se puede discutir legítimamente el uso partidista de una muerte. También cabe exigir a los responsables públicos que no conviertan la discusión sobre vivienda en un certamen de ultrajes. Lo singular es la velocidad con que la pregunta por una vida concreta se transforma en otra reyerta de la Corte.

El detalle más mordaz lo proporcionó la propia Maricarmen, sin necesidad de que nadie le escribiera el guion. En una entrevista concedida a TVE, grabada antes del desahucio y emitida el 23 de septiembre, se le preguntó por las responsabilidades. Ella mencionó a Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida.

Circuló, sin embargo, una versión recortada del vídeo que conservaba la censura al presidente del Gobierno y omitía las críticas a los dos gobernantes madrileños. VerificaRTVE documentó la manipulación. He aquí una pequeña enseñanza sobre la política de los fragmentos: una mujer habla, y la maquinaria de la disputa procura que diga únicamente aquello que conviene.

El problema no es que Maricarmen tuviera razón en todas sus imputaciones, sino que ni siquiera se le concediera el derecho a repartir sus reproches como le viniera en gana. En la era de la autenticidad tantas veces proclamada, hasta el testimonio de una anciana necesita pasar por la sala de montaje.

Punto y aparte.

La otra cuestión no nace de un desahucio, sino de una competencia. Ayuso ha sabido convertir la confrontación en un idioma reconocible: identifica adversarios, simplifica dilemas, se muestra asediada y transforma cada respuesta en una prueba de energía. Pero los idiomas políticos se aprenden y se imitan.

Vox participa también de una retórica que privilegia el agravio, la denuncia de enemigos y la impugnación de consensos. No son organizaciones idénticas, ni sus programas se superponen por completo. Precisamente por eso interesa observar los puntos de fricción entre una presidenta que gobierna y una fuerza que puede permitirse denunciar desde fuera lo que considera insuficiente.

La política del enfado ofrece una recompensa inmediata: convierte el malestar disperso en una emoción compartida. Su coste es menos visible. Si la legitimidad se obtiene presentándose como el más dispuesto a desafiar a todos, siempre habrá alguien decidido a desafiar todavía más.

El gobernante que habla como un insurgente conserva, pese a todo, una agenda, un presupuesto, unas competencias y una administración. Debe negociar con las resistencias del mundo. El competidor que no carga con idénticas obligaciones puede acusarlo de haberse domesticado. En esa asimetría se encuentra un problema de estructura, no un pronóstico electoral.

¿Puede la indignación que Ayuso ha cultivado dirigirse algún día contra ella? Desde luego puede plantearse la pregunta; lo que no se puede es contestarla como si el futuro hubiera entregado ya el acta.

Tampoco está demostrado que la protesta por la vivienda vaya a desembocar políticamente en Vox. Se trata de movilizaciones, agravios y públicos distintos, aunque todos participen de un clima de desconfianza hacia las instituciones. La rabia colectiva no es una sustancia homogénea que circule de una sigla a otra por vasos comunicantes. Tiene causas, lenguajes y destinatarios diversos.

Precisamente ahí reside el interés de la paradoja: Ayuso ha mostrado una gran destreza para alentar y organizar ciertas emociones, pero no dispone de un monopolio sobre ellas. Ha contribuido a normalizar un lenguaje de confrontación cuyos efectos no puede controlar enteramente. El estilo político que sirve para impugnar a los adversarios puede ser utilizado por otros para impugnar a quien gobierna.

La tentación de anunciar su caída sería, además, una forma involuntaria de homenaje a su propaganda. Su trayectoria enseña que las predicciones sobre el agotamiento han resultado poco fiables. Más fecundo que preparar el obituario político de una dirigente en ejercicio es preguntarse qué ocurre cuando la excepción se vuelve norma.

El insulto repetido pierde novedad, así como la bravata exige otra bravata. Por su parte, el adversario deja de escandalizarse y empieza a competir en decibelios. En ese punto, la ventaja comunicativa puede transformarse en una carrera de obstáculos que el propio corredor ha colocado.

 

Este texto pertenece al artículo de Justo Serna ‘Isabel Díaz Ayuso. El poder en escena’, publicado el 16 de octubre de 2026 en Historia 21, que puedes leer completo EN ESTE ENLACE.