La condena de Ferrer Guardia; por Juan Avilés Farré

El 1 de octubre de 1909, concluido el sumario y transcurrido ya un mes desde su detención, se puso fin a la incomunicación de Ferrer. Inmediatamente se dispuso éste a escribir a sus amigos de toda Europa, para pedirles ayuda y proporcionarles información con la que pudieran impulsar la campaña en su favor, dándoles argumentos acerca de su inocencia y describiendo sus padecimientos. Varias de esas cartas, dirigidas entre otros a Malato, a Fabbri y a Heaford, han sido publicadas. En ellas pedía que le enviaran periódicos extranjeros que pudieran servir para preparar su defensa a su abogado, el capitán Francisco Galcerán, quien estaba seguro de su inocencia pero preocupado por el mal ambiente contra él que se había creado en España, debido a que la prensa clerical le atacaba y la liberal no podía defenderle. Tampoco le habían permitido que proporcionara a Galcerán una colección de publicaciones de la Escuela Moderna, para que pudiera desmentir las acusaciones lanzadas acerca de su contenido.

Se quejaba de que no le habían devuelto el dinero que le habían incautado al detenerle, por lo que ni siquiera podía comprar un periódico. Tampoco le habían permitido usar uno de los trajes que tenía en su casa, con el argumento de que todos sus bienes estaban embargados, por lo que temía que fueran a obligarle a comparecer ante el tribunal militar vestido de “apache”, es decir con aspecto de delincuente común. Pero lo peor había sido la incomunicación que había sufrido durante un mes, en muy duras condiciones. Así las describió en una carta a Heaford, que traducimos del francés:

 

“Allí (en la cárcel de Barcelona) me encerraron en un calabozo repugnante, fétido, frío, húmedo, sin aire ni luz, en el subterráneo de la prisión (…) En ese calabozo, diez pies bajo tierra, una plancha hacía funciones de lecho, con un colchón de paja, una manta y una asquerosa sábana, toda sucia. Un orinal, una jarra para beber y sobre todo bichitos que pululaban y que la primera noche atacaron mi cuerpo por todas partes. (…) De comida, sopa dos veces al día, siempre la misma, garbanzos por la mañana y judías por la noche, siempre con la misma salsa, y todo siempre en la oscuridad y en la imposibilidad de poder retirar fácilmente los trocitos de tocino rancio, que me hacían casi vomitar. (…) Pedí una palangana y agua para poder lavarme al menos las manos y la cara. Me la dieron al cabo de los seis días. (..) Para combatir el frío y el aburrimiento de no poder leer, ni conversar, ni ver a nadie, me paseaba por el calabozo, como una fiera salvaje, hasta que sudaba.”

 

El 6 de octubre pudo por fin leer la prensa española y al día siguiente remitió una carta a El País en la que defendía su inocencia. Tuvo también ocasión de hablar brevemente con un periodista, corresponsal del diario parisino Le Matin, a quien repitió los argumentos que había expuesto en las cartas a sus amigos. Le dijo que no tenía queja alguna acerca de la administración de la cárcel, pero sí del régimen de aislamiento absoluto que había sufrido, que había debilitado su salud y le había impedido ponerse al corriente de las acusaciones que se le hacían. Ahora podía consultar todos los diarios de Barcelona aparecidos desde julio, pero el juez no le permitía recibir los periódicos extranjeros a los que estaba abonado, de los que tenía necesidad para saber que se decía de él en Europa. A su defensor le preocupaba la mala opinión que se había creado contra él, por lo que la única manera de hacer que su inocencia resplandeciera era dar al proceso la máxima publicidad posible. “Usted sabe lo que hicieron con Dreyfus”.

El consejo de guerra, presidido por el teniente coronel Eduardo Aguirre de la Calle, se celebró el 9 de octubre en la Cárcel Modelo de Barcelona. Asistieron unas 250 personas, entre las que se hallaban una veintena de periodistas y un solo representante diplomático, el vicecónsul británico en la ciudad, cuyo relato sirvió de base para el detallado informe que el cónsul remitió a Londres. El procedimiento que se seguía en los procesos militares, a diferencia de los civiles, no incluía el interrogatorio de testigos ni de la acusación ni de la defensa, siendo el juez instructor el que exponía las declaraciones tomadas previamente a los distintos testigos, lo que permitía que el proceso fuera muy rápido. Al inicio Ferrer, que no parecía en absoluto deprimido por la gravedad de la acusación que sobre él pendía, pidió al tribunal que le excusara por no comparecer con un traje más adecuado, pero cuando trató de protestar por haber sido privado de sus ropas, el presidente le hizo callar. Luego el juez instructor, comandante Valerio Raso, leyó un extenso resumen del sumario y a continuación presentaron sus informes el fiscal, capitán Jesús Marín Rafales, y el defensor, capitán Francisco Galcerán Ferrer.

El fiscal, que pidió la pena de muerte para Ferrer como jefe de una rebelión militar, se esforzó en probar la culpabilidad de éste en base a las declaraciones de los testigos y de la documentación incautada al procesado, pero su argumentación fue muy poco convincente a los ojos de un observador imparcial. Los testimonios de Francisco Domenech, de Juan Puig y de Domingo Casas, que ya hemos analizado detalladamente, apuntaban a que Ferrer era culpable de proposición a la rebelión, el delito por el que inicialmente le había procesado el juez de Mataró, pero no había un solo testimonio directo de que hubiera actuado como jefe de la misma. El capitán Marín, sin embargo, estaba dispuesto a admitir como pruebas incluso las referencias a rumores, como puede verse en el siguiente fragmento de su informe:

 

“D. Vicente Puig Pons indica la existencia de una partida de treinta hombres que cree reclutada por Ferrer y que apareció en Premiá, haciendo observar que aun cuando lo de la recluta no le consta personalmente, así debía ser puesto que al preguntarse la gente de dónde vendrían aquellos, se oía decir: ‘Son los picapedreros que habrá mandado Ferrer’.”

 

“No le consta”, “se oía decir”, “habrá mandado” no son desde luego el tipo de testimonios en los que resulta razonable que se apoye un fiscal. Pero la prueba documental no era más sólida. Los documentos más comprometedores para Ferrer eran las circulares revolucionarias que había redactado en 1892, pero resultaban ser de quince años atrás, es decir anteriores al proceso en que Ferrer fue absuelto en 1906. El fiscal las presentó sin embargo como un antecedente directo de la Semana Trágica. En cuanto a las circulares sin fecha descubiertas en el Mas Germinal, la única prueba de que fueran atribuibles a Ferrer era la afirmación de los peritos de que en unas correciones hechas a mano sobre el texto mecanografiado de las mismas, “la t de la palabra actos y la sílaba ba de la palabra trabajando” presentaban semejanza con la letra de Ferrer. Pero aún admitiendo que éste hubiera corregido esas circulares, lo que le haría responsable de las mismas, o incluso que fuera su autor, no había prueba alguna de que hubieran sido nunca distribuidas y además, como hemos visto, parecían remontarse a varios años atrás.

El defensor de Ferrer no fue remiso a la hora de mostrar la inconsistencia de la acusación. Se trataba, como ya hemos avanzado, del capitán de Ingenieros Francisco Galcerán Ferrer, cuya impecable hoja de servicios muestra que en 1926 ascendió a teniente coronel y en 1931 se retiró del Ejército. Ferrer hubo de elegirlo de las listas de oficiales aptos para ello por su destino, a ninguno de los cuales conocía, así es que optó por Galcerán debido a que llevaban el mismo nombre y a que el segundo apellido del capitán era Ferrer. Lo cierto es que Galcerán cumplió a la perfección con sus deberes de defensor, tarea que le debió ser más fácil porque todo indica que creía en la inocencia de su defendido, aunque se encontró con el obstáculo de disponer tan sólo de 24 horas para examinar los 600 folios del sumario. Su intervención ante el consejo de guerra se inició con una protesta por el modo en que se había llevado el proceso contra Ferrer:

 

“Durante el sumario han declarado todos sus enemigos; se han unido a él cuantas denuncias y anónimos podían perjudicarle; figuran también pareceres de autoridades más o menos conocedoras del asunto y han sido alejadas, desterradas, perseguidas y obligadas a dolorosa peregrinación las personas que, por conocerle a fondo, podrían ilustrarnos sobre la vida, costumbres y trabajo a que se dedicaba mi defendido, así como abonar su conducta. De modo que me encuentro con un proceso ya terminado; y después de la lectura de cargos, me han negado cuantas pruebas he solicitado y no he podido lograr fuesen oídos los testigos que lo pretendían, por haber transcurrido ya el plazo legal para ello (…).”

 

Tras esta enérgica introducción, el capitán Galcerán dirigió su crítica contra la campaña de la prensa conservadora, que había presentado como culpable a su defendido:

 

“Todos los elementos reaccionarios (…) que quizá han provocado estos desórdenes de Julio con su egoísmo e intemperancia, quieren ahora ocultar la cobardía demostrada durante los luctuosos sucesos con una enérgica petición de castigos contra los vencidos. (…) Esta campaña se ha dirigido principalmente contra la persona de Ferrer por odio y por temor a la educación dada a la clase obrera, sea en la Escuela Moderna, que lograron tiempo atrás cerrar, sea en la serie de libros publicados por la casa editorial por él fundada; por temor, repito, de que con la ilustración los desgraciados se ennoblezcan y sacudan más tarde yugos indignos de la raza humana. Y para ello han mutilado y publicado después varios párrafos de sus libros de texto y han hecho creer a incautos y beatas que en ellos sólo se trataba de anarquía y dinamita, por el solo hecho de haber suprimido de su enseñanza la religión (…) Campaña la que me ocupa que (…) ha reunido en opinión enorme a los contrarios de mi defendido, y éste se encuentra en estos momentos rodeado de una atmósfera envenenada por el odio (…)”

 

Acusó también al Partido Radical de haberse sumado a esa campaña por el mezquino motivo del préstamo que Ferrer había hecho a Solidaridad Obrera, enfrentada a esa agrupación política. Tras ello mostró la escasa solidez de los testimonios de los republicanos radicales que habían acusado a Ferrer de promover la rebelión en Barcelona, en Masnou y en Premiá. En cuanto a las pruebas documentales, arguyó que tomar en consideración documentos ya conocidos cuando su defendido fue absuelto, en el proceso por el ignominioso crimen de la calle Mayor, implicaba cuestionar la sentencia del tribunal que le juzgó. Y respecto a las circulares sin fecha arguyó que parecían haber sido escritas mucho antes de los sucesos de julio y con otro fin, que los peritos no habían afirmado de manera categórica que las correcciones realizadas fueran de mano de Ferrer, y que no había aparecido un solo dato que pudiera hacer sospechar que hubieran contribuido a la rebelión. En consecuencia, el capitán Galcerán pidió la absolución de su defendido.

A pesar de la inconsistencia de la acusación, que ningún dato conocido con posterioridad ha venido a reforzar, la sentencia fue de muerte. Ello contrasta con el hecho de que los tribunales que juzgaron los sucesos de julio no fueron excesivamente severos. Según datos recogidos en su día por Salvador Canals, de los 1.725 procesados sólo 129 fueron condenados a penas de prisión y sólo cinco lo fueron a la última pena. Los otros cuatro condenados a muerte, que habían sido fusilados antes de que Ferrer fuera juzgado, eran rebeldes poco conocidos. Se trataba de un conserje republicano, de un mozo desertor del Ejército y de un guardia de Seguridad, todos los cuales habían disparado contra la fuerza pública, y de un carbonero que había profanado el cadáver de una religiosa. El propósito parece pues haber sido dar un escarmiento en las personas de algunos rebeldes y tratar con menos severidad al resto.

La ejemplaridad del castigo parecía exigir, sin embargo, que no se culpara sólo a quienes habían participado en la rebelión, sino a quienes la habían preparado y dirigido. Ese fue el papel que se le adjudicó a Ferrer, que no había sido en verdad un jefe de la insurrección, pero contra el cual jugó la atmósfera hostil que le rodeaba en Barcelona. La hostilidad derivaba en primer lugar de la reacción de los barceloneses ante los sucesos de la Semana Trágica, que la gran mayoría reprobaba. Un republicano como Pere Coromines destacó unos meses después el hecho de que, en una ciudad de 600.000 habitantes, nadie pidió el indulto cuando comenzaron a producirse las condenas a muerte. Y respecto a al caso del propio Ferrer, en un debate parlamentario celebrado en 1914 el líder catalanista Cambó recordó lo siguiente:

 

“Yo estaba en Barcelona cuando se detuvo a Ferrer, y me enteré de que se le había detenido porque dos diputados republicanos me comunicaron la noticia. En ninguno de los dos había la más leve sospecha de que Ferrer no mereciera una condena de muerte (…); pero en aquel momento me dijeron: ‘No, Ferrer no será ejecutado; Ferrer es demasiado fuerte, y ante Ferrer se torcerá la justicia, y lo que hará torcer la justicia será el miedo’. (…) No pidieron el indulto de Ferrer los elementos del partido radical; fueron en el sumario sus acusadores; no lo pedimos los que eramos neutrales en la contienda; no pidió nadie, repito, el indulto de Ferrer. Si culpa hay por el fusilamiento de Ferrer, culpa es de todo el cuerpo social, principalmente de Barcelona; todos los ciudadanos de Barcelona hemos fusilado a Ferrer no pidiendo su indulto.”

 

El sentido del comentario evocado por Cambó no presenta duda alguna: aquellos diputados pensaban que Ferrer había sido cómplice de Morral en el atentado de la calle Mayor y que si la justicia lo había absuelto había sido por temor a una venganza sangrienta. Era esta extendida convicción la que llevó a que la condena de Ferrer fuera aceptada tan fácilmente en Barcelona, a pesar de la ausencia de pruebas. Para los católicos era un propagador de la impiedad; para los radicales un personaje molesto que apoyaba a sus rivales anarquistas y a quien era cómodo hacer cargar con la responsabilidad de unos sucesos en que bastantes de ellos habían participado; y para muchos ciudadanos de distintas ideologías era un organizador de atentados que muy bien pudiera haber estado detrás de la violencia desencadenada durante la Semana Trágica. El republicano Amadeo Hurtado afirma en sus memorias que, impulsados por la común tendencia a personificar los problemas, muchos creyeron que la detención de Ferrer llevaría a que de una vez se pagaran todas las culpas, tanto por los atentados terroristas como por las atrocidades de la Semana Trágica, pero que algunos temían que no se fuera a hacer justicia. Se decía que el miedo del rey a represalias revolucionarias había salvado a Ferrer en el proceso de Madrid y que al encontrarse de nuevo con este prisionero embarazoso, el gobierno sacrificaría la tranquilidad de Barcelona a la del rey. Una semana después de la detención de Ferrer, Hurtado se encontró con algunos diputados republicanos y uno de ellos le comentó, con asentimiento de los otros, que si no se le fusilaba inmediatamente vendría la presión extranjera, como la otra vez, y le dejarían libre para que siguiera causando problemas a todos.

Hubo, sin embargo, algunas voces disidentes. El 30 de septiembre, el diario republicano La Publicidad, que había apoyado a Solidaridad Catalana frente a Lerroux, pidió la amnistía para los condenados y procesados por los sucesos de la Semana Trágica, iniciativa que le fue duramente reprochada por la prensa conservadora de Barcelona. Y la opción por la clemencia fue también apoyada por un hombre católico y conservador que era además el mayor poeta de Cataluña, Joan Maragall, quien se sentía angustiado por los excesos de la represión y el 10 de octubre y tras la condena de Ferrer envió al diario La Veu de Catalunya un artículo en el que trató de convencer a sus conciudadanos de que el perdón era el mejor camino para un futuro mejor. Sin embargo, el suyo no era un alegato por la inocencia de Ferrer, a quien no mencionaba por su nombre, sino un alegato en contra de la pena de muerte. Por otra parte, La Veu de Catalunya nunca lo publicó.

El jefe del gobierno, Antonio Maura, no consideró siquiera la posibilidad de un indulto, a pesar de que algunos lo consideraban conveniente. El rey Alfonso XIII pronto empezó a recibir peticiones de indulto, entre ellas la de Paz Ferrer, quien no ocultaba sus sentimientos monárquicos para disgusto de alguno de los admiradores de su padre. Se dijo que dos miembros prominentes del Partido Conservador, Dato y Sánchez Guerra, aconsejaron a Maura el indulto, y su propio hijo Gabriel le transmitió la opinión contraria a la ejecución del embajador en París, León y Castillo, consciente de cómo se percibía el tema en Europa y de lo perjudicada que podía resultar la imagen de la monarquía española.

Varios observadores extranjeros estimaron que Maura estaba cometiendo un error, pero no hubo gestiones diplomáticas en favor del indulto. Tras leer el informe del cónsul en Barcelona, el ministro británico de Asuntos Exteriores, sir Edward Grey, anotó que si el gobierno de Madrid hubiera querido ejecutar a un criminal −como el embajador español le decía que Ferrer lo era− sin convertirlo en un mártir, debía haber presentado una acusación completa contra él ante un tribunal civil en el que se hubiera podido oír a testigos y en el que los hechos de su vida y el carácter de su enseñanza hubieran podido ser desvelados. Por su parte, el encargado de negocios italiano informó a su ministro que los gobernantes españoles estaban dispuestos a demostrar su firmeza frente a las amenazas subversivas mediante la ejecución de Ferrer, a quien consideraban culpable tanto del atentado de 1906 en Madrid como de los sucesos de julo de 1909, por lo que no había posibilidad de que una gestión diplomática le hiciera cambiar de conducta y de hecho no creía que se hubiera producido ninguna, según había deducido de sus conversaciones con colegas extranjeros.

La prensa española e italiana se hizo eco de que el Vaticano era favorable al indulto, pero lo cierto es que la Curia no efectuó ninguna gestión en ese sentido hasta después de la muerte de Ferrer. Fue en la mañana del 13 de octubre, pocas horas antes de que se difundiera en Italia la noticia del fusilamiento, cuando el embajador de España ante la Santa Sede recibió una carta muy confidencial del Secretario de Estado, cardenal Merry del Val, en que le comunicaba lo siguiente:

 

“Habrá Vd. notado lo que dicen los periódicos sobre una intervención de Su Santidad en favor de Ferrer. Excuso decir que el Santo Padre nada hará que no fuera de acuerdo con Su Majestad y el Gobierno español y de su completo agrado. Pero naturalmente si Su Majestad y el Gobierno desean que el Santo Padre interceda, juzgando que sea ésta una manera útil y oportuna para salir de una situación, aquí me tiene Vd. a su disposición para hablar de la cosa a Su Santidad.”

 

Esta carta dejó al embajador español perplejo. Desde hacía dos días, algunos periódicos italianos afirmaban que el Papa pensaba intervenir en favor de Ferrer, pero que el embajador español, siguiendo instrucciones de su gobierno, le había disuadido de que lo hiciera. Ahora bien, si el Vaticano deseaba realizar ese generoso intento ¿por qué habían aguardado tanto para comunicárselo a él? La respuesta que el propio embajador se daba no era muy favorable a la actuación de la Curia:

 

“Podría por lo tanto deducirse de todo ello, aunque no se me oculta la gravedad de una suposición que no puedo basar en ningún hecho concreto, que la Curia Romana, intimidada por la tempestad anticlerical que se desencadenó en Roma desde que se supo la condena de Ferrer, pero deseosa sin embargo de no embarazar la acción de la justicia ni la del Gobierno de S.M. en tan grave coyuntura, propaló el rumor de una intervención posible destinada a granjearle las simpatías de sus enemigos, mientras que aplazándola hasta después de ejecutado Ferrer, hacía imposible sus efectos. Me confirma además en esta suposición la improbabilidad de que la Curia Romana, en general mejor informada que ningún otro centro en Roma, ignorase a la una de la tarde, hora en que me escribió el Cardenal, la noticia del fusilamiento que según he sabido después conocían ya los periódicos a las doce.”

 

La interpretación del embajador español resulta verosímil, pero es posible hacer otra lectura de los hechos. Es muy probable que el Vaticano tratara sobre todo de disociarse de la ejecución de Ferrer, pero al propalar a la prensa, dos días atrás, el rumor de una gestión, estaba enviando también al gobierno español el mensaje de que podía contar con el Papa para evitar una ejecución que a sus ojos debía resultar imprudente. En realidad la salida que ofrecía era muy honrosa y hubo dos días para aprovecharla. El gobierno de Maura, deseoso de hacer justicia, podría haberse inclinado ante la magnanimidad de un Papa que intercedía por la vía de un agitador anticlerical e instigador de la quema de conventos. Habría sido todo un gesto, pero se optó por lo que se consideraba un castigo ejemplar. El problema era que resultaba muy poco ejemplar ejecutar a una persona por un delito que no había cometido y Ferrer no había sido el instigador de la rebelión de julio.

Este texto apareció publicado el 7 de noviembre de 2014 en la revista digital Anatomía de la Historia que yo dirigí: se trataba de un pasaje de la obra del historiador Juan Avilés Farré titulada Francisco Ferrer Guardia. Anticlericalismo, pedagogía y revolución (publicada por Punto de Vista Editores ese mismo año), extraído del epígrafe “La condena”, perteneciente al último capítulo de la misma (‘Un mártir laico’).