La primera
ley magna española se aprobó en el sur del país, en medio de una guerra que fue
varias guerras en una pero que conocemos todavía habitualmente por el nombre de
guerra de la Independencia. En Cádiz,
en 1812, el día 19 de marzo, España estuvo como pocas veces lo estará por
delante de la propia Historia, o al menos pareja a ella.
Y es que con la promulgación de la
Constitución de 1812 por las Cortes de Cádiz, España llegaba entre los primeros
a la modernidad, a la contemporaneidad por mejor decir, pues tocaba con los
dedos el liberalismo político que ponía fin a los tiempos del absolutismo y del
Antiguo Régimen muy poco después de
que los pioneros lo hubieran hecho, en Norteamérica y en Francia.
Desde 1808, cuando habían tenido lugar
en Bayona las abdicaciones del rey Carlos IV y su hijo y asimismo monarca,
breve, eso sí, Fernando VII, España mantenía dos tipos de poderes bien
distintos, en medio de una auténtica guerra: de un lado, la invasión francesa
había facilitado la solución afrancesada propia
de los partidarios del rey francés José I, hermano de Napoleón I Bonaparte, con
su reforma política plasmada en una carta otorgada, el Estatuto de Bayona de
1808; pero al mismo tiempo se había producido un alzamiento contra ese gobierno
en el que una parte significativa de los combatientes intentó eludir la
reclamación del retorno de Fernando VII y del Antiguo Régimen para emprender un
camino verdaderamente constitucional, opuesto tanto a los viejos tiempos de la
monarquía absoluta como a la legislación bonapartista.
La Pepa, popularmente así
aclamada por haber nacido el día de San José, fue el fruto de ese tiempo
bifurcado en el que a una lucha contra un invasor, una lucha por la
independencia, se le superponía o caminaba a su lado una revolución política de
signo liberal. Un texto constitucional el de 1812 que promovió una asamblea, un
Parlamento, elegida por sufragio universal masculino, y reconoció principios
políticos propios de los nuevos tiempos, los que auguraba el final del Antiguo
Régimen: la soberanía nacional y la monarquía como forma de gobierno,
bien que limitada por la división de poderes.
Ante el acoso de los franceses,
aquellas Cortes habían comenzado sus trabajos en
septiembre de 1810, en la gaditana Real Isla de León, hoy parte de San Fernando,
y allí se reunieron sus poco más de 300 diputados, liberales, pero también
reformistas ilustrados e incluso algunos absolutistas, hasta que en febrero del
año siguiente tuvieron que irse a la asediada ciudad de Cádiz. Pero, el regreso
de Fernando VII en 1814 supondría el regreso de los tiempos de la monarquía
absoluta y del régimen señorial. Sí, el retorno al pasado.

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