Las desamortizaciones españolas (1766-1924)

Llamamos los historiadores desamortizaciones al proceso político y económico español que se produjo a lo largo de varias decenas de años, desde mediados del siglo XVIII hasta la segunda década del XX, en consonancia con la revolución liberal, por medio del cual el Estado expropió propiedades y derechos amortizados (fuera del libre mercado) pertenecientes a instituciones civiles y eclesiásticas, llamadas manos muertas, con el fin de favorecer su adquisición en pública subasta y, así, hacerlos acceder a dicho mercado libre.

El objeto de las desamortizaciones fue doble, sobre todo a partir del reinado de Isabel II: por un lado, lograr sanear la Hacienda pública; y, por otro, facilitar la creación de una propiedad privada libre que sirviera para consolidar el capitalismo en el sector agrario, y ser así una de las bases económicas del liberalismo en España.

Cuatro fueron las fases en que ese proceso tuvo lugar. Entre 1766 y 1798 transcurrió la primera de ellas, durante la que se produjo la venta de bienes de los jesuitas y la llamada desamortización de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV; la segunda (1808-1823) fue la impulsada durante la guerra de la Independencia, tanto por el rey José I Bonaparte como por los diputados de las Cortes de Cádiz y durante el gobierno del Trienio Liberal; la tercera fase tuvo lugar desde 1834 hasta 1854, y es la llamada desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, aunque también podría llamarse de Baldomero Fernández-Espartero, la cual supuso la desamortización patrimonial de la Iglesia católica; y, por último, la cuarta fase, la más larga (1855-1924), producto de aquella impulsada en 1855 por el ministro de Hacienda Pascual Madoz, durante el Bienio Progresista, la más significativa de cuantas desamortizaciones se produjeron, que completó la venta de los bienes eclesiásticos y además ejecutó las del resto de las manos muertas, los bienes municipales, los procedentes de la instrucción pública y los de beneficencia.

Finalmente, las desamortizaciones no posibilitaron el fin de la estructura anterior de la propiedad, de hecho, más bien lo que hicieron fue ratificarla; pero sí alcanzaron sus dos objetivos, pues sanearon la Hacienda pública y sirvieron para aposentar los intereses políticos del liberalismo y de la burguesía.