La Guerra Civil española no acabó hasta 1952

Durante mucho tiempo leí cuanto se publicaba sobre la lucha guerrillera contra la dictadura franquista. Por eso, cuando vi el interés historiográfico suscitado por un libro publicado en 2024 por el historiador español Arnau Fernández Pasalodos titulado Hasta su total exterminio: la guerra antipartisana en España, 1936-1952, no dudé en que tenía que leerlo. Y lo he hecho.

 

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Fernández Pasalodos escribe su libro para responder dos preguntas relacionadas con su bisabuelo:

 

“¿Cómo fue posible que un pastor oscense muriera de un disparo a bocajarro efectuado por un guardia civil a principios de 1948? Es más, ¿por qué los miembros de la Benemérita no terminaron siendo investigados por asesinato, sino que los responsables del operativo fueron recompensados con diversas cruces al mérito militar?”

 

¿Cómo era la España de 1948 para que tal cosa sucediera? ¿Quiénes, por qué y cómo gobernaban España en aquel año? ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

 

“El levantamiento armado de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil fue fruto de la voluntad de los rebeldes por imponerse, a cualquier precio, sobre el Gobierno legítimo de la Segunda República. El Ejército golpista ejerció una violencia masiva, estructural y preventiva que fue a su vez catalizadora y generadora de un Nuevo Orden”.

 

Demostrar que la violencia extrajudicial estuvo organizada y reglada desde las más altas instancias durante la dictadura franquista, al menos en lo que respecta a su lucha contra el movimiento guerrillero (una expresión ésta, movimiento guerrillero, que el autor no usa casi nunca), es el objeto de Hasta su total exterminio. “La documentación, original e inédita, del Ejército rebelde y de la dictadura relativa a la contrainsurgencia que aparecerá en estas páginas”, dice el autor, consigue explicar cómo ocurrió aquella violencia extrajudicial “y dotará de mayor contenido a los trabajos de los especialistas que llevan años señalando que aquella no fue irracional, sino congruente con sus formas y objetivos. Es más, dicha violencia fue parte consustancial del proyecto golpista”. Todo esto, este trabajo historiográfico, tiene finalmente como fin último “que las generaciones venideras rechacen los conflictos armados como vías para solventar sus problemáticas”.

A lo que llamamos Guerra Civil española deberíamos llamarlo “guerra irregular española” o algo así, según esta obra, y esa guerra irregular se extendió a lo largo del periodo que transcurre entre 1936 y 1952 (un tiempo durante el cual “una parte importante de la geografía peninsular fue el teatro de operaciones de una guerra asimétrica”). La cronología de ese largo periodo que establece Fernández Pasalodos, “en el que se experimentaron episodios de guerra regular e irregular”, es el siguiente:

 

“En primer lugar, entre julio y noviembre de 1936 se vivió una guerra irregular protagonizada por columnas móviles, que finalizó parcialmente en el invierno del año 1936-1937, cuando los frentes se estabilizaron tras el fracaso de los golpistas en su asalto sobre Madrid.

A partir de entonces y hasta abril de 1939, la contienda vivió fases de guerra regular, irregular o de ambas al mismo tiempo, dependiendo de la provincia. Este escenario quedaría cerrado a partir de abril de 1939, cuando el Ejército Popular de la República fue derrotado en los campos de batalla.

A partir de entonces, la Guerra Civil se convirtió en un enfrentamiento irregular que se alargaría hasta 1952 en diferentes territorios peninsulares”.

 

Lo que se produjo ya desde julio de 1936 fue “la huida al monte de miles de republicanos que se vieron obligados a defenderse de un para-Estado marcadamente violento y vengativo, que además gozaba de mejor organización militar y de mayor número de combatientes y potencia de fuego”. Esas “partidas de resistentes republicanos no combatieron a las fuerzas estatales de forma directa, sino que recurrieron a sus redes de colaboración, a los robos, a los sabotajes y a las emboscadas” con la doble finalidad de “resistir el mayor tiempo posible y “poner en cuestión la legitimidad de las nuevas autoridades”.

En la década de 1940, no podemos “diferenciar la guerra de la posguerra en o al menos en las zonas afectadas por la presencia de la resistencia armada republicana”, de manera que “hubo provincias en las que convivieron espacios de posguerra y otros de larga duración de la guerra”. Una época en la que, en el marco de la lucha antiguerrillera, de la guerra antipartisana, tanto los rebeldes como la dictadura “cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad”, con una singular diferencia: no actuaron ambos de forma simétrica y mientras la Guardia Civil y el Ejército (sobre todo aquélla, que es la que casi por completo combatió la insurgencia) tenían como objetivo la eliminación del enemigo (“del otro”) en su totalidad (“recibieron durante dieciséis años órdenes de no hacer prisioneros, de aplicar masivamente la ley de fugas y de torturar a partisanos y civiles”), las agrupaciones guerrilleras no hicieron tal cosa, lo cual no quiere decir en modo alguno “que la guerrilla no matase –de hecho, es bien sabido que sus miembros cometieron centenares de asesinatos–, pero su objetivo último no era asesinar a los guardias civiles y soldados que los perseguían, ni tampoco hacer imposible la vida de las comunidades rurales”. El autor habla de las “políticas eliminacionistas dirigidas contra la población civil” como una constante en aquellos espacios rurales (prácticamente en su totalidad) de guerra irregular.

 

“En la guerra antipartisana se impuso el imperativo militar: cualquier medio estaba justificado en pos de la victoria”.

 

Las provincias donde estuvieron los “focos de lucha antipartisana sostenidos en el tiempo” fueron Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Sevilla, Huelva, Almería, Cádiz, León, Zamora, Asturias, Santander, La Coruña, Orense, Lugo, Pontevedra, Ávila, Navarra, Vizcaya, Huesca, Zaragoza, Teruel, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz.

 

“Es decir, siete de cada diez de las provincias españolas estuvieron afectadas en algún momento por la guerra irregular”.

 

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Hay que destacar que, por encima de todo, lo que Fernández Pasalodos persigue con denuedo a lo largo de todo el libro (infectado de tantas actuaciones de carácter insurgente, contrainsurgente, a menudo violentas, que se diría que el primer franquismo, una expresión que el autor no emplea nada más que una vez en todo el libro, pese a ser el ámbito historiográfico temporal en el que transcurre, no hubo más que altercados y combates entre los partisanos y la Guardia Civil, uno tras otro, uno tras otro…) es desnudar cualquier visión que tache de irrelevante la resistencia armada desde 1936 hasta 1952. A tal fin, escribe, por ejemplo, que “en los ocho años comprendidos entre 1944 y 1952 el dictador tuvo que estampar su rúbrica en 811 ocasiones, o lo que es lo mismo, firmó una recompensa por méritos de guerra cada cuatro días, datos que demuestran la centralidad que cobró la guerra antipartisana en la década de los cuarenta”. En esos años, los partisanos que “fueron liquidados” ascienden a 2.173. ¡2.173!

También que “la guerra antipartisana, tanto en España como en Europa, se convirtió en una guerra contra las comunidades que vivían en los teatros de operaciones de los conflictos irregulares. Tanto es así que podemos afirmar que la contrainsurgencia se dirigió contra los civiles y el medio natural, además de contra las guerrillas”. En estos “enfrentamientos asimétricos” no hay un espacio de guerra delimitado, lo que hace difícil “diferenciar a los combatientes de los no combatientes”. Tan es así que, llegamos a leer en el libro, “la destrucción del medio natural no fue casual ni fruto de la improvisación, sino una estrategia contrainsurgente calculada con escuadra y cartabón”.

Llegados a 1951, el autor escribe que, en ese año, “el destino de la guerrilla republicana estaba sentenciado”. De las organizaciones más desarrolladas, las llamadas agrupaciones, “solamente habían sobrevivido en el Levante, en Aragón y en Andalucía Oriental, pero con pocos combatientes”. A falta de comunicación con el exterior y sin “planes solventes para evacuar a los hombres”, muchos guerrilleros acabaron tomando “individualmente la iniciativa para salir del atolladero en que se encontraban”, e incluso algunos de ellos llegaron a colaborar con la Guardia Civil.

Creo que si hay unas páginas en las que Hasta su total exterminio cobra su verdadera dimensión de obra singular en el panorama historiográfico dedicado a estudiar la resistencia armada contra la dictadura del general Franco ésas son las dedicadas a la dureza de las condiciones en que vivieron los guardias civiles la lucha antipartisana.

 

“Los guardias que no respondían a las férreas directrices corrían el riesgo de ser expulsados e incluso condenados a muerte. A día de hoy resulta imposible ofrecer un recuento preciso del número de miembros del Instituto Armado que perdieron su trabajo a causa de un mal servicio en la lucha contrainsurgente, ya que no se ha realizado hasta la fecha y es un trabajo pendiente, pero podemos suponer, eso sí, que la cifra debió de ser muy elevada, ya que entre 1950 y 1954, cuando la guerra estaba dando sus últimos coletazos, sabemos que fueron expulsados 2.944 hombres. Es más, las expulsiones de agentes se publicaron en el Boletín Oficial de la Guardia Civil con el objetivo de que todos fuesen conscientes de lo que podía ocurrirles si no actuaban con la profesionalidad y la diligencia debidas”.

 

Fernández Pasalodos muestra una y otra vez que fue el propio Franco quien ordenó y supervisó no ya la puesta en marcha de la guerra sucia, que también, sino “las intransigentes medidas de control sobre la tropa encargada de la contrainsurgencia”. Por si alguien pudiera acogerse a aquello tan usado por los historiadores franquistas y los revisionistas de pero sin el conocimiento de Franco.

 

“En el periodo de 1943 a 1952, el estrés, la alimentación precaria, las enfermedades mentales, la inexistencia de cobertura sanitaria y los riesgos de la propia guerra elevaron la cifra de fallecidos de una media de 125 hombres anuales hasta 257, con un pico máximo en 1946, consecuencia directa del auge partisano: ese año el número de fallecidos se elevó a 378. En líneas generales, los guardias civiles destinados a espacios de guerra antipartisana sufrieron una flagrante precariedad material y se jugaban la vida cada vez que salían al monte, y todo por un sueldo miserable. No es exagerado afirmar que conformaron el «auténtico lumpenproletariado del régimen dictatorial», pues una parte importante de quienes ingresaban en el cuerpo no lo hizo por afinidades ideológicas ni por las ganas de participar en la guerra antipartisana, sino por pura necesidad económica”.

 

Entre 1944 y 1952 “murieron en combate directo contra las partidas un total de 256 guardias civiles, y otros 369 resultaron heridos, unos números que podrían duplicarse fácilmente si contásemos también con datos fidedignos para el periodo 1936-1944”. Eso leemos en el libro, aunque páginas más tarde, lo que se nos dice es que “los enfrentamientos armados durante la guerra antipartisana causaron la muerte de más de trescientos guardias civiles entre 1943 y 1952”. Para el año 1947, el autor recoge 144 muertes de guardias en aquel teatro de operaciones irregulares: “fue el año con más víctimas”.

Dicho todo lo dicho sobre la centralidad de la lucha antipartisana en la España de Franco, el autor nos comunica bien avanzado el libro que “en los espacios de guerra antipartisana la falta de combatividad fue la tónica general”. Algo que cuadra más con esa historiografía a la que tantas pullas lanza Fernández Pasalodos, quien explica que “en cualquier cronología y latitud encontramos numerosos ejemplos de guardias civiles que rehuyeron los enfrentamientos de forma intencionada. La Guerra Civil estuvo atravesada hasta 1952 por el miedo a la muerte de los encargados de llevarla a cabo”. De hecho, “los guardias desplegados en la guerra irregular en general se decantaron por mantener una actitud poco combativa y tendente a establecer pactos de no agresión con las guerrillas”.

 

En suma, “el golpe de Estado fallido y el inicio de la Guerra Civil abrió espacios de guerra irregular en los que las autoridades militares rebeldes dictaminaron que no había que hacer prisioneros, ni entre los guerrilleros ni entre sus colaboradores reales, potenciales o imaginarios”. Este libro presume (su autor, más bien) de acreditar que “el propio Franco, sus ayudantes en el Cuartel General del Generalísimo y otros mandos rebeldes tomaron cartas en el asunto y organizaron una guerra antipartisana con fines eliminacionistas”.

 

[…]

 

Aquellos guardias civiles y aquellas fuerzas auxiliares “que asesinaron a más de 8.000 hombres y mujeres entre 1939 y 1952 no fueron castigados porque cumplían órdenes”. Asesinatos que fueron recompensados, no castigados, porque el objetivo era ganar la guerra antipartisana, sin importar ni la legitimidad y legalidad de esos métodos “ni la imagen internacional que podían proyectar de la dictadura”.

La dura represión contra la población civil y contra las partidas es lo que causó la victoria de los contrainsurgentes, algo que se da por efectuado en el año 1952, pues al año siguiente se produjo “la desmovilización de la tropa encargada de la lucha antiguerrillera”.

 

Este texto pertenece al artículo ‘Aquellos partisanos a los que llamábamos guerrilleros’, publicado el 20 de marzo de 2025 en Nueva Tribuna, que puedes leer completo EN ESTE ENLACE.