La memoria democrática es un patrimonio que cuidar y mantener (por Ángel Luis López Villaverde)

Qué se puede hacer ante las carencias de las políticas públicas de memoria? Según el hispanista Sebastiaan Faber (“Franco, ese fantasma: diez tesis sobre los legados de la dictadura en España”, Ctxt, 19/11/2025), una de las mayores victorias del movimiento memorialista, el derecho a exhumar los restos de sus seres queridos, no se ha visto acompañado de un relato consensuado sobre el pasado reciente, lo que achaca, en buena medida, a la lealtad genealógica. También las citadas Gensburger y Lefranc hablan de la influencia decisiva en la socialización tanto del filtro familiar como de las interacciones sociales. En consecuencia, para reducir el atractivo de la ultraderecha entre los jóvenes, Faber propone superar en las aulas el marco de la memoria en clave moralista y la presentación del relato sobre el pasado como “producto de una labor de investigación continua”, invitando para ello al estudiantado a participar en su debate e investigación.

El reto es complicado. Resultan esperanzadores al respecto los cambios introducidos en el currículo de Bachillerato de las materias de Historia del Mundo Contemporáneo y de Historia de España por la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Modificación de la LOE) para fomentar el pensamiento histórico, usar las fuentes de manera crítica, desarrollar las competencias clave y ejercitar una ciudadanía activa e implicada en la vida social. No obstante, las divisiones entre la comunidad educativa y los conflictos entre el Ministerio de Educación y las consejerías homónimas de las comunidades autónomas en su aplicación enfrían las expectativas.

Debería explorarse en las aulas el uso pedagógico de libros divulgativos como Francofacts: desmontando los bulos sobre franquismo (Pasado & Presente, 2025), escrito por el historiador Fernando Hernández Sánchez e ilustrado por el historietista Pedro Vera. Y, de manera complementaria a la desactivación de bulos, convendría debatir contenidos de obras de algunos especialistas que acaban de publicar relatos renovados sobre la dictadura (Nicolás Sesma, Ni una ni grande ni libre, Crítica, 2024) y novedosas investigaciones sobre sus impunidades (Sophie Baby, ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria, Akal, 2025) o sobre el uso del hambre como arma política (Miguel Ángel del Arco, La hambruna española, Crítica, 2025), entre otras.

El conocimiento de los entresijos de la dictadura necesita complementarse con el de nuestra tradición democrática para explicar las raíces del actual marco de libertades. Con sus limitaciones, con sus avances y retrocesos. España desarrolló una experiencia democratizadora a inicios del último tercio del siglo XIX, durante el Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874), y otra al inicio del segundo tercio del siglo XX, con la II República (1931-1936). Dos etapas injustamente despreciadas por su vinculación a marcos conflictivos y bélicos, pero que han servido de lubricante a la democracia actual. Precedente del que carecen, entre otros países europeos, Rusia, Hungría, Polonia o Bulgaria, ausentes en las dos primeras olas democratizadoras, en 1828-1926 y en 1945-1960 identificadas por Samuel Huntington (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991), lo que ha dificultado que, en la tercera ola, durante el último cuarto del siglo XX, a diferencia de España, se haya asentado una cultura política democrática madura en aquellos. Y que tanto Rusia como Hungría sean ejemplos de una democracia iliberal o de lo que Steven Forti denomina “autocracia electoral”. Aunque ni España ni Italia ni Alemania ni Portugal están libres de sucumbir al deterioro de sus sistemas democráticos, que tanto les costó consolidar, tras sus respectivas experiencias autoritarias o totalitarias.

Tanto durante el Sexenio como durante la II República se puede hablar de una revolución democrática o de una democracia revolucionaria. De raigambre básicamente política en el primer caso. De revolución política y cultural, con reformas sociales y económicas no revolucionarias en el segundo. Ambos periodos facilitaron el aprendizaje democrático entre los españoles. El miedo a la primera democracia retejió el viejo liberalismo en 1875, en un sistema constitucional oligárquico y bipartidista, cuya alternancia no dependió de la voluntad de los electores, sino del fraude, y cuya crisis provocó una respuesta autoritaria en 1923. El miedo a la segunda trajo una dictadura sangrienta que no murió con el dictador, sino tras una ruptura consensuada por la concurrencia o correlación de debilidades entre los sectores pactistas del régimen y los rupturistas que habían pasado por la clandestinidad. Y que no hubiera sido posible sin la presión desde abajo.

La democracia no se conquista de la mañana a la noche. Es un proceso en construcción no exento de improvisación. La forja de una cultura política democrática y la conquista y consolidación de derechos necesita décadas. Y mucho sacrificio. No puede caer en el olvido que las compuertas democráticas se abrieron en España en 1868, con nuevos espacios de participación política que conformaron un amplio cuerpo electoral y gestaron nuevos marcos culturales y asociativos. Tampoco que durante la “república en paz”, entre 1931 y 1936, por encima de las retóricas de intransigencia prevaleció la voluntad de participación en la escena pública. Si se atiende al sentido patrimonialista de las instituciones republicanas mostrado por los principales actores políticos la evaluación del periodo difiere a si se fija en su voluntad de atender a colectivos antes olvidados por los poderes públicos, como los niños, las mujeres y los trabajadores. Las claves interpretativas de la democracia republicana pasan por conjugar el respecto a las libertades con la reducción de los mecanismos de desigualdad, en confrontar los avances, retrocesos y permanencias en derechos individuales con los relativos a los derechos sociales, económicos y culturales. La apuesta por la democracia en la España de los años treinta supuso un aprendizaje convulso y conflictivo. Fue una democracia imperfecta, pero acorde con los cánones de la época. Cánones tan diferentes a los de la democracia ateniense como a los alumbrados durante la segunda posguerra en la Europa occidental, que aportó derechos sociales de la mano del Estado del bienestar y del consenso político. Condiciones que no llegaron a España hasta que dejó atrás la dictadura.

Denostar la democracia republicana para ensalzar la actual resulta anacrónico. El contexto es fundamental. El presentismo, un riesgo. La democracia republicana no fue una oportunidad perdida. Tampoco fracasó. La colapsó un golpe militar y la destruyó la Guerra Civil. La República fue su víctima y no su desencadenante. La dictadura franquista quiso borrar su memoria. Pero ningún edificio se levanta sin buenos cimientos. Y no hay planta que sobreviva sin raíces consolidadas. La memoria democrática es un patrimonio que cuidar y mantener.

Este texto pertenece al artículo del historiador Ángel Luis López Villaverde ‘La memoria democrática en España’, publicado el 3 de noviembre de 2025 en Historia 21, que puedes leer completo EN ESTE ENLACE.