Lo que no haya… Un índice, otro IPC, para medir la corrupción que se da realmente en cada país. Un índice que mide ¿de verdad? la corrupción que sufren (o pagan) los ciudadanos de cada país a manos de sus gestores públicos. Ese índice existe.
Anualmente, cada mes de enero, desde el año 1995, la única organización no
gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción, Transparencia
Internacional, creada en 1993 y con sede en la ciudad alemana de Berlín, publica un
ranking de la corrupción mundial, por estados (hasta 180 países son
considerados al efecto). Ese estudio del grado de integridad de los países, que
no carece de prestigio, y que se tiene por muy meticuloso, es el Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC, ¿ves, otro?), que define la corrupción como «el uso indebido del poder público para
beneficio privado».
Lo que se calibra son los comportamientos corruptos de las administraciones públicas: hablamos evidentemente de los sobornos, del nepotismo, pero también del desvío de fondos públicos o del uso privado de bienes públicos.
Transparencia Internacional explica que el índice, que se crea por medio de trece encuestas de opinión y
evaluaciones de expertos recogidas por diversas instituciones de reconocido
prestigio, clasifica a los países «por sus niveles percibidos de corrupción en
el sector público».
La puntuación que atribuye ese IPC lo que hace es
medir la percepción ciudadana de la corrupción en el sector público: si una
puntuación de 0 refleja una corrupción muy elevada, la de 10 nos habla de una
integridad y una transparencia muy altas.
Vamos al Índice de Percepción de la Corrupción más reciente, al de 2021. Desde que esta
especie de Premio a la Gran Honestidad de los Países se instituyera en el año
95, hay cuatro estados que siempre copan las primeras posiciones, cambiándose
entre ellos las mismas. Como en el certamen (es un decir) de 2020,
empatan en los tres primeros puestos Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda: las
tres con una puntuación de 8,8. Prácticamente un sobresaliente. Ya con un 8,5
van más países escandinavos, Noruega y Suecia, pero también, sorprendentemente,
Singapur.
Y es esa
anomalía, la de Singapur, la que le hace a uno torcer el morro. En otro índice,
en el Índice de Democracia, la reconocida y reconocible clasificación hecha por
la Unidad de Inteligencia de The Economist, que establece, o parece
hacerlo, el nivel de democracia en 167 países, Singapur se queda (datos de
2020) en un pacato puesto 74, con un pobre 6,03, lo que la hace ser considerada
una democracia deficiente.
En ese otro índice, España es una democracia plena y alcanza un 8,12 de puntuación sobre 10. Pero en el que venimos hablando, el IPC, España apenas llega a un pobrísimo 6,2 (repite el dato del año anterior), y se queda en la posición número 32, después de ir bajando en la clasificación durante una década continuada.
Claro que peor es el resultado de la poderosa Rusia, con una vergonzante puntuación de 3 escasísimos puntos sobre 10. 2,8 alcanza Paraguay, Guatemala llega a 2,5, Honduras a 2,4 y cierran la tabla, con puntuaciones que van desde el 1,6 al 1,2, Sudán, Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur.
Días después de publicar esto ocurrió lo siguiente: España pasa de democracia «plena» a «defectuosa» en el último año, según 'The Economist'. El estudio apunta a la mayor bajada de índice democrático mundial desde 2010 .
Hay que tener en cuenta que «Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo, con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales», según el estudio.
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