Argentina: 1976–1983 (por Carlos Malamud)

El 24 de marzo de 1976 tuvo lugar en Argentina el golpe militar encabezado por una Junta Militar integrada por los comandantes en jefe de las tres armas, el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti. De esta forma se abrieron las puertas a la dictadura más sangrienta nunca conocida en el país, conocida como Proceso de Reorganización Nacional, o Proceso a secas. Comenzaba así una larga noche marcada por una continua secuela de delitos y de crímenes aberrantes contra los derechos humanos (asesinatos, torturas, desapariciones, robos de bebés, apropiación de propiedades de los detenidos, etc.), convertida en la principal seña de identidad del gobierno de las Fuerzas Armadas (FFAA), vigente hasta 1983.

Al golpe se llegó después de unos meses caóticos que caracterizaron el gobierno de María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabel o Isabelita, que había ocupado la presidencia a partir del 1º de julio de 1974, tras el fallecimiento de su esposo Juan Domingo Perón. El desgobierno se plasmó simultáneamente en dos frentes muy álgidos, el económico y el de seguridad, a ninguno de los cuales supo el elenco gobernante dar en tiempo y forma una respuesta que permitiera reencauzar las cosas de forma adecuada.

 

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En realidad, los principales beneficiarios del desorden fueron los militares, que dispusieron de un tiempo más que suficiente para planificar y organizar el golpe que tenían en mente hasta su más mínimo detalle. Su principal habilidad fue haber tenido la capacidad de saber esperar hasta el momento más adecuado para asestar el zarpazo. La elección del tempo idóneo para acabar con el gobierno constitucional les permitió aminorar las críticas y gozar de un mayor y más amplio respaldo popular. No solo eso, en los meses previos supieron aprovecharon la debilidad de Isabelita para arrancarle los decretos que les conferían una gran discrecionalidad operativa a la hora de “aniquilar” a la guerrilla.

 

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A diferencia de golpes anteriores, abundantes en Argentina desde 1930 en adelante, en esta ocasión no hubo ningún caudillo o líder militar que tomara las riendas del movimiento y le confiriera su impronta personal. En esta ocasión fueron las FFAA como corporación las encargadas de implementar y ejecutar la asonada y de llevar a la práctica el programa refundacional y represivo que se habían puesto como meta antes de su llegada al poder. El general Videla, al igual que sus sucesores, los generales Viola, Galtieri y Bignone, solo ostentaron el mando al amparo de la Junta Militar.

La violencia política, implementada tanto por los partidarios de la lucha armada y de la revolución socialista como por aquellos otros que se le oponían frontalmente, con la Triple A a la cabeza, que supo ser el prolegómeno más claro del terrorismo de estado posterior, generó un clima cada vez más irrespirable. Así fue como los sectores urbanos de Buenos Aires y de las principales ciudades del país recibieron con un cierto alivio la intervención de los militares, pensando que en un breve lapso de tiempo, tras poner la casa en orden, se convocarían nuevas elecciones y se entregaría el poder a los civiles, como había ocurrido en el pasado tras cada uno de los golpes militares que los habían llevado al poder.

Pero esto no fue lo que ocurrió. En su lugar, las FFAA desplegaron un fuerte aparato represivo, cuyas consecuencias, pese a la censura, fueron emergiendo a la luz y aumentando progresivamente el rechazo al gobierno de los uniformados. Sin embargo, el camino para que esto ocurriera no fue sencillo, fue tortuoso y complicado y debió pasar previamente por la invasión de las islas Malvinas y la posterior derrota de las tropas invasoras. Previamente, la protesta debió abrirse paso con un gran esfuerzo, como mostró la experiencia de las Madres de la Plaza de Mayo, que en poco tiempo se convirtieron en el símbolo por excelencia de la resistencia contra el gobierno militar.

Ahora bien, si la dictadura pudo imponerse de la forma en que lo hizo, y concitó semejante apoyo, se debió al hecho de que en la Argentina de la década de 1970, como en buena parte de la América Latina del momento, prácticamente nadie creía en la democracia. No creía en ella ni la izquierda ni la derecha. Unos la descalificaban por burguesa y formal, como el mejor modo que tenían las oligarquías y las clases dominantes para mantener su explotación, mientras los otros la rechazaban por considerarlo que era el caballo de Troya que abriría las puertas del país al comunismo internacional.

El final de la dictadura dio paso a la transición a la democracia que comenzó a implementarse de forma categórica a partir del triunfo electoral del político radical Raúl Alfonsín. A los pocos días del inicio de su gobierno constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que en pocos meses le entregó el documento Nunca más. Se trataba de un detallado y completo informe sobre la represión, las violaciones de los derechos humanos y los métodos utilizados por los militares para llevarlas a cabo. Posteriormente, el Nunca más sirvió de base para que un tribunal civil, la Cámara Federal, juzgara a las Juntas Militares que habían sido el cuerpo colegiado que en nombre de las FFAA compartió el poder con el presidente de la República.

Pese al carácter pionero que tuvieron las medidas adoptadas en Argentina, que abrieron el camino para diversas experiencias de políticas de memoria y de justicia transicional tanto en América Latina como en otras partes del mundo, el país no ha terminado de cerrar muchas de las heridas de entonces, que aún siguen abiertas. Se trata de una gran paradoja, que contrasta con lo ocurrido en otros países sudamericanos e incluso en América Central.

 

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En los últimos años todo esto se ha superpuesto con la emergencia de una serie de pulsiones revisionistas o negacionistas, que a partir de considerar necesaria la labor de la dictadura para pacificar el país, consideran que los militares se limitaron a cumplir con las órdenes recibidas del gobierno de Isabel Perón, que no hubo excesos durante la represión y que buena parte de los cargos de los que se los acusa surgen del victimismo de los movimientos guerrilleros, que representan claramente posturas ideológicas alineadas con la izquierda.

Los 50 años transcurridos deberían ser un tiempo más que suficiente para poder tomar una distancia prudencial ante sucesos tan desgraciados y comenzar a discutir de forma civilizada todas esas cuestiones. De ellas, precisamente, me ocupo en mi reciente libro: Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983). Sur, paredón y después (Libros de la Catarata, Madrid, 2026). Sin embargo, en la medida que el pasado siga utilizándose como recurso político se trata de una tarea imposible. Sería deseable que no fuera así y que la memoria dejara de ser un arma arrojadiza y se pudiera convertir en un lugar de encuentro y de consenso. Pero eso implica revisar muchos presupuestos y dejar de lado demasiados prejuicios, lo que parece no ocurrirá ni en el corto ni en el medio plazo.        

    

Este texto pertenece al artículo de Carlos Malamud ‘Golpe militar y dictadura en Argentina (1976–1983)’, publicado el 27 de febrero de 2026 en Historia 21, que puedes leer completo EN ESTE ENLACE.