España, fin de siglo: 1986-2000 (por Ángel Luis López Villaverde)

España culminó en los tres últimos lustros del siglo XX un proceso de modernización basado en cuatro ejes: la consolidación democrática; el “Estado social” (no sería apropiado aplicarle, en puridad, el concepto de “Estado del bienestar”, en crisis en el mundo occidental desde hacía una década, pues aquí no se acompañó de pleno empleo); el desarrollo autonómico; y su integración en la Europa comunitaria.

Transitaba el año 1986 y la historia daba un giro de 180º en comparación a 1936. Cincuenta años después, parecían enterradas las heridas de la Guerra Civil y empezaba a perfilarse como modélico el proceso de transición a la democracia. Atrás quedaban tanto penurias pasadas como algunas de las cuestiones pendientes (autoritarismo, centralismo, aislamiento o militarismo) de la contemporaneidad española.

El éxito con que empezaba el periodo pasaba la prueba del nueve en el mítico “92” con dos grandes hitos internacionales, la Expo y los Juegos Olímpicos, celebrados en Sevilla y Barcelona, respectivamente. Ambos acontecimientos situaban a España en el mapa de la modernidad, mostrando una imagen exterior del país que superaba los manidos tópicos y poniéndolo a la altura de la Europa más avanzada.

Pero las enormes expectativas quedaron, en parte, frustradas (Ysàs, 2011). El partido dominante que había pilotado la transformación, el PSOE, y su líder, Felipe González, se habían ido dejando buena parte de la credibilidad por el camino, mientras se fortalecía y reorganizaba la oposición. La crisis económica y los casos de corrupción, vinculados al Gobierno y al partido que lo sustentaba, fueron el caldo de cultivo en que crecieron las expectativas del Partido Popular (PP), nacido como una refundación de Alianza Popular, tres años después de haberlo hecho Izquierda Unida (IU), que venía de una peculiar manera de rescatar la crisis del Partido Comunista de España (PCE) federándolo con otras organizaciones de izquierdas. Si el PP (refundado en 1989) representaba la reorganización del centro-derecha como alternativa de poder, IU (fundado en 1986) lo hacía con los partidos situados a la izquierda del PSOE pero anteponiendo los principios a la victoria. Los grandes sacrificados fueron el centro (la UCD se desplomó en 1982 y el Centro Democrático y Social-CDS, de Suárez, una década después) y el PCE (integrado en IU).

El año 2000 puso el broche de oro a una etapa exitosa iniciada por un partido (PSOE), que había perdido la guerra, y culminada por otro (PP), cuya génesis debía a un ex ministro de Franco (Fraga) y liderado por José María Aznar; su mayoría absoluta en las elecciones situó al país en el selecto club del euro.

La imagen de fracaso, ligado al inicio de la centuria, había quedado también atrás. Había historiadores que interpretaban la historia de España como un “desafío de la modernidad” (Fusi, Palafox, 1997) o daban las “claves de la profunda transformación de España” (Powell, 2001). Y sociólogos que analizaban las “tres décadas de cambio social en España” (González, Requena, 2008), que habían dejado un país tan distinto al de generaciones anteriores. Nadie podía sospechar el alcance real de la crisis económica e institucional que se avecinaba, que ha propiciado que se retomen estereotipos pasados.

 

En el espejo europeo

Una mirada tres décadas atrás nos descubre el arranque del sueño comunitario. El inicio del año 1986 coincidía con la integración española en la CEE y apenas tres meses después, el 12 de marzo, se celebraba el referéndum sobre la permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El anhelo europeo llegaba con incertidumbres en torno a expectativas exageradas y a su trabazón con la defensa del mundo occidental, pues el Gobierno de Calvo-Sotelo había dejado como herencia la pertenencia a la Alianza Atlántica. Felipe González, que había aprovechado, en el pasado, protestas y manifestaciones populares contrarias a la misma, se había comprometido a someter a referéndum la continuidad de España si ganaba las elecciones de octubre de 1982, como así hizo y, por goleada. Cuando apenas faltaban tres meses para agotar la legislatura y disfrutaba de las mieles comunitarias llegaba la ansiada consulta. En el camino, el líder  socialista había pasado de oponerse a su entrada a negarse a su salida. El argumento empleado se basaba en el ejemplo francés, desarrollado dos décadas antes por el general De Gaulle: permanecer en la Alianza pero fuera de su estructura militar. La consulta se complicó por su carácter no vinculante y la ambigua formulación de la pregunta:

 

“El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos: 1º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. 2º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”

 

La participación no llegó al sesenta por cien y el resultado fue favorable a la posición gubernamental (52,5% de síes frente al 39,8% de noes). Pero el “no” ganó en Cataluña, Euskadi y Navarra. Y Manuel Fraga, lejos de plasmar en las urnas su nítida apuesta atlantista, apostó por la abstención, creyendo que así desgastaba más a un ejecutivo socialista que había evidenciado sus contradicciones. Como tal cabe interpretar que el socialista Javier Solana (ministro, sucesivamente, de Cultura, Educación y Asuntos Exteriores en gobiernos de González) presidiera la OTAN entre 1995 a 1999.

El cambio de actitud ante la OTAN lo había gestionado, desde el ministerio de Defensa, Narcís Serra, que dejó la alcaldía de Barcelona para desempeñar una cartera en la que permaneció casi una década. No lo tenía fácil pues las Fuerzas Armadas estaban acosadas desde dentro por golpistas (estaba reciente el 23-F) y desde fuera por terroristas. Por otra parte, su bagaje militar era mínimo y ni siquiera había cumplido la mili. Pero su reforma del Ejército contribuyó a modernizarlo y democratizarlo.

Con una España integrada en la CEE y la Alianza Atlántica, parecían conjurados los fantasmas del pasado y culminado el sueño europeo. El maratón negociador para entrar en la Europa comunitaria, iniciado por Adolfo Suárez, tuvo su primer fruto con el ingreso de España en el Consejo de Europa (noviembre de 1977); pero el bloqueo francés, sometido a la presión de sus agricultores y pescadores, temerosos de la competencia de los productos españoles, mantuvo la petición española en el limbo durante ocho años. Las reformas socialistas habían demostrado que el Gobierno español había hecho sus deberes. El Consejo Europeo de Bruselas (fines de marzo de 1985) autorizó la integración española, culminando largas y difíciles negociaciones. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985. El 1 de enero de 1986 España se convirtió en un país miembro de pleno derecho de la CEE. Las reticencias del presidente francés, Giscard D’Estaing, fueron superadas con la llegada al poder del socialista Mitterrand y el apoyo alemán a su ingreso. A cambio, España debió aceptar unas condiciones bastante duras y largos períodos transitorios para sus productos agrarios (en especial para frutas, hortalizas y aceite de oliva, hasta 1996) y para pescar en caladeros comunitarios (hasta 2003), aunque, en la práctica, se acortaron.

Pese a los sacrificios requeridos a España para la integración de pleno derecho en la CEE, el balance fue muy positivo en sus primeras décadas. Antes de que la crisis hiciera acto de presencia, se hablaba de simbiosis e influencias mutuas entre Europa y España (Morata, Mateo, 2007) y se llegó a calificar la política regional de la sucesora de la CEE, la Unión Europea (UE), en España como la “mayor operación de solidaridad de la historia”, capaz de gestar un modelo de prosperidad y bienestar únicos en el mundo (Benedicto Solsona, González Ballvé, 2007).

 

En el espejo socialista. Del partido hegemónico al bipartidismo

El llamado felipismo abarca la etapa de gobierno más prolongada de la democracia española. Durante los tres lustros que van de 1982 a 1996, se pasó de un sistema de partido hegemónico (con sucesivas mayorías absolutas de Felipe González en 1982, 1986 y 1989) a uno bipartidista, con PSOE y PP protagonizando la alternativa política hasta la actualidad. Su origen se sitúa en 1989, su puesta de largo en 1993 y su estreno en 1996.

El “pragmatismo y sentido de Estado” de la primera legislatura, basado en el saneamiento y el reajuste económico para reducir la inflación y el déficit público, provocaron los primeros desencantos en sectores que habían apostado por el cambio socialista; pero también vino a asegurar sus triunfos posteriores, con la tarjeta de visita de la modernización, el progreso y la integración europea (Fusi, Palafox, 1996).

El relativo desgaste de su primera legislatura no impidió la nueva victoria de González, por mayoría absoluta, en las elecciones de 22 de junio de 1986. Aunque había perdido, respecto a las elecciones de 28 de octubre de 1982, un millón doscientos mil votantes (los que van de los 10,1 a los 8,9 millones) y dieciocho escaños (de 202 pasó a 184), también había visto reducidos los suyos (trescientos mil sufragios, de los 5,5 a los 5,2 millones, y dos escaños, pasando de 107 a 105) el principal partido de la oposición, la Coalición Popular de Fraga, pagando así su ambigüedad en el referéndum de la OTAN.

La gran novedad de estas elecciones de 1986 fue la presencia de una nueva formación política, Izquierda Unida, que apenas logró siete escaños y quedó por debajo del cinco por cien de los sufragios. Reciente aún la expulsión de Santiago Carrillo y sus seguidores del PCE en 1985 (Carrillo fundó el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista, fuera de IU), Izquierda Unida, liderada por el minero asturiano Gerardo Iglesias (sucesor de Carrillo en el PCE), no logró ilusionar suficientemente al electorado desencantado con el gobierno socialista. Aquella primera IU incluía a los prosoviéticos del PCPE, a ex socialistas del PASOC y a otras fuerzas a la izquierda del PSOE, tan heterogéneas como el Partido Carlista, el Humanista o Izquierda Republicana.

Novedoso, por relevante, fue el resultado del Centro Democrático y Social (CDS), el partido de Suárez, el tercero en número de escaños, pasando de los dos de 1982 a los diecinueve de 1986, tras obtener más nueve por cien de los sufragios.

El cartel electoral de González en 1986 era muy diferente del anterior. Si en 1982, un joven Felipe miraba hacia su izquierda con el azul celeste al fondo, bajo el lema “Por el cambio”, cuatro años después aparecía su rostro en primer plano, sobre fondo vegetal,  mirando de frente, con una leve breve sonrisa, y vistiendo traje claro y corbata, para trasladar una imagen de seguridad que reforzara el lema “Por buen camino”. En el referéndum se había jugado su prestigio y su victoria fue pírrica. Con su política de reconversión industrial le volvieron la espalda numerosos obreros. Pero su apuesta europea y el crecimiento económico daban un margen de confianza que supo aprovechar.

Los temores de los sectores más tradicionales se habían disipado. El PSOE había perdido peso entre los obreros pero conservaba el apoyo de las clases medias y urbanas, que inclinaban la balanza del triunfo electoral. Había provocado las primeras decepciones pero logrado sus principales objetivos: consolidar la democracia y modernizar el país.

A mediados de los ochenta, el PSOE dominaba la mayoría de las instituciones y era difícil que fuera desbancado del poder. Las principales capitales españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia) y las comunidades autónomas de referencia (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana) mantuvieron gobiernos socialistas durante esta década.

La principal alternativa era la derecha conservadora de Manuel Fraga, la  Coalición Popular (de AP y sus socios, PDP y Partido Liberal) que no consiguió superar la debilidad con que nació. Ni en 1982 ni en 1986 había podido superar el 26% de techo electoral. Ganar el centro, con el CDS de Suárez como principal referencia, no era posible con Fraga. Sacrificó su presidencia de AP temporalmente y tuvo que retomarla dos años después, tras el fracasado y fugaz liderazgo de Antonio Hernández Mancha. Buscando constituirse en alternativa real, paso a denominarse Partido Popular en 1989, al fusionarse los tres partidos de la Coalición y aupar a un nuevo candidato, José María Aznar, ex presidente de la Junta de Castilla y León. Fraga, recompensado como presidente fundador en abril de 1990, no vio superado su techo electoral hasta 1993 (con el 34,8%).

Las elecciones generales de 29 de octubre de 1989, celebradas tras la primera gran huelga general de la democracia (14-D, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1988), que ganó el pulso al ejecutivo de González, arrojaron una nueva mayoría absoluta socialista, aunque más ajustada que nunca (175 diputados). Con poco más de ocho millones ciento quince mil votos, el PSOE había perdido dos millones de votantes en siete años. El cartel electoral presentaba a un Felipe González más envejecido sobre un fondo neutro con el lema de “España en progreso”. Sin el carisma de antaño, aparecía como el gobernante que necesitaba un país que se preparaba para los dos acontecimientos más relevantes en el plano internacional de su historia reciente, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.

La imagen de su contrincante, un joven Aznar al frente del nuevo Partido Popular, en mangas de camisa, corbata y amplia sonrisa delante de un cielo azul acompañaba al lema “¡Palabra!”, la que parecía faltar al líder socialista. Sin embargo, Aznar prácticamente clavó los últimos resultados de Fraga en porcentajes, escaños y votos. El techo electoral no variaba con el cambio de partido pese a que contar con un nuevo aliado mediático, el diario El Mundo, de Pedro J. Ramírez, que nació en plena campaña.

Como tercero en discordia apareció Julio Anguita, ex alcalde comunista de Córdoba y nuevo líder de IU, que –aprovechando los ecos del 14-D— consiguió duplicar ampliamente en votos y escaños el resultado de Iglesias, al superar el nueve por cien de los sufragios y diecisiete escaños en 1989. Por detrás quedó el CDS de Suárez, que perdió tres escaños respecto a 1986, iniciando un declive que culminó con la dimisión de su líder en 1991. Para entonces, el PP había integrado a antiguos dirigentes ucedistas y asumido un viraje hacia el centro-derecha para capitalizar el desgaste del electorado socialista.

En las elecciones de 6 de junio de 1993, el PSOE de González consiguió contradecir las encuestas y vencer, por escaso margen, al emergente PP. Con 159 escaños y más de nueve millones ciento cincuenta mil votos, había recuperado votantes y superado a su mayor contrincante en cuatro puntos. Con un gobierno de mayoría relativa, recurrió a pactos puntuales con los nacionalistas vascos y catalanes. La corrupción, la crisis económica y el fuerte desgaste político habían ido minando al felipismo pero aún no habían conseguido derrotarlo. Con los lemas “Vota futuro” y “Por el progreso de la mayoría”, los publicistas socialistas recurrieron en campaña a la imagen del doberman, representado en un PP vinculado al pasado franquista, removiendo una historia que, hasta ese momento, apenas se había usado como arma arrojadiza en campaña. La otra novedad fue el doble debate televisivo, en Antena3 y Telecinco, dos de los tres nuevos canales privados de televisión nacidos a inicios de los años noventa. Con casi el treinta y cinco por cien de los sufragios obtenidos, Aznar presentaba los resultados más brillantes del centro-derecha español (mejorando notablemente los obtenidos por UCD), a quien habían votado más de ocho millones doscientos mil españoles. Mientras IU continuaba su ascenso electoral (cuatrocientos mil votos más, superando por primera vez los dos millones) aunque apenas se traducía en un escaño más, pasando de diecisiete a dieciocho.

 

En el espejo de la modernidad y el bienestar. Las dimensiones del cambio

El mismo Gobierno que había ejecutado la reconversión industrial, liberalizado la economía y disparado la conflictividad laboral para aumentar la competitividad y la integración europea puso en marcha un Estado social. En esto sí aplicaron los gabinetes socialistas el programa electoral, con el bienestar europeo como modelo.

El ingreso en Europa relanzó la economía española. Un crecimiento superior a la media europea del PIB, en torno al 4,5%, entre 1986 y 1990, permitió reducir el desempleo a niveles similares a los de 1982 (16%). Era fruto de un marco económico más saneado y productivo, de una reforma fiscal que duplicó ampliamente el número de contribuyentes y de una fuerte inversión pública en infraestructuras (se triplicó la red de autovías y autopistas, entre 1985 y 1992, y se inauguró el AVE Madrid-Sevilla en 1992).

La bonanza permitía afirmar en 1987 al ministro de Economía, Carlos Solchaga, que España era un país donde se podía ganar dinero rápidamente. Banqueros, financieros y nuevos empresarios protagonizaban la vida social (desde los “Albertos”, es decir Alberto Alcocer y Alberto Cortina, ambos primos, a Mario Conde o Javier de la Rosa pasando por las hermanas Koplowitz o Emilio Botín) en una cultura del glamour y el enriquecimiento que provocaba tanta admiración como rechazo.

Los grandes sindicatos (UGT y CC.OO.) denunciaban que el crecimiento económico no iba acompañado de un reparto de la riqueza y que si habían aceptado sacrificios de los trabajadores en el pasado era a cambio de socializar beneficios con el cambio de coyuntura. Su estrategia de presión al gobierno socialista pasó por la convocatoria conjunta de una huelga general el 14 de diciembre de 1988 (14-D), que paralizó el país y obligó a González a rectificar su propuesta de plan de empleo juvenil, que introducía la fórmula de los contratos temporales. Y, en definitiva, puso en evidencia el distanciamiento definitivo de dos organizaciones “hermanas”, UGT y PSOE.

La presión sindical no tenía en cuenta los avances en el bienestar de los españoles pues fueron los gobiernos de Felipe González quienes universalizaron tres derechos sociales básicos: salud, protección social y educación. La prosperidad permitió al Gobierno socialista extender las prestaciones sociales, aumentando el gasto en pensiones, sanidad y educación en 4,1 puntos del PIB entre 1982 y 1992.

Desde el ministerio de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch garantizó el derecho a la salud con un extenso sistema sanitario y ampliando la cobertura sanitaria a la totalidad de los españoles. Por su parte, el derecho a la protección social amplió su cobertura a un mayor porcentaje de parados y se extendió a las pensiones no contributivas y asistenciales y a ingresos mínimos para los sin recursos. Los pensionistas se duplicaron en España entre 1977 y 1992, desde los cuatro millones a los cerca de ocho.

El cambio en la política educativa fue también muy relevante. El ministro de Educación, José María Maravall, impulsó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985), configurando un modelo de educación primaria y secundaria pública y única. Con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), el derecho a la educación se amplió hasta los dieciséis años, aunque no se realizó una evaluación rigurosa de los recursos financieros para su aplicación. Previamente, en agosto de 1983, se había regulado la autonomía universitaria con la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que reestructuró su organización docente y planes de estudios. España se situó entre los primeros países europeos en porcentaje de universitarios, mientras se triplicaban las becas y nacían varias universidades o el plan nacional de I+D.

La LODE y la LOGSE se venían a sumar a otro de los frentes abiertos con la jerarquía eclesiástica, la despenalización del aborto en tres supuestos (1983), sin duda uno de los derechos sociales más relevantes conquistados en estos años pues reflejaba una apuesta del Gobierno socialista por avanzar en la igualdad entre el hombre y la mujer, en un contexto de incremento de población activa entre las mujeres.

La Conferencia Episcopal, que consideró las leyes educativas y el aborto como una provocación, impulsó una estrategia movilizadora y de encuadramiento de los católicos (López Villaverde, 2013). Aunque el ejecutivo socialista hizo concesiones económicas y normativas (la asignación tributaria del 0,539% para la Iglesia, la institucionalización de la enseñanza privada concertada con fondos públicos, pero bajo control de la comunidad educativa, o el establecimiento de la asignatura de religión obligatoria para el centro y optativa para el alumno), el episcopado mantuvo sus principios neoconfesionales (en la línea marcada en el Vaticano por Juan Pablo II), plasmados en su documento “La verdad os hará libres” (noviembre de 1990).

También hubo cambios en política cultural. Con Javier Solana al frente, se ampliaron notablemente los presupuestos del Ministerio de Cultura, además de apostar por la gratuidad de los museos (1983) e inaugurar el Arqueológico de Mérida y el Centro de Arte Reina Sofía (1986). Con su sucesor, Jordi Solé Tura, abrió sus puertas el Museo Thyssen-Bornemisza (1992). También renació la vida cultural, con una oferta creciente, mientras la “movida”, en Madrid o Vigo o tantas y tanas ciudades españolas, coincidía con la edad de oro del pop español.

La expansión económica culminó en 1992, con las dos grandes celebraciones ya citadas que mostraban al mundo el éxito de la imagen de España: los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.

 

En el espejo deformante del terrorismo

El Gobierno socialista heredó el problema terrorista. Aunque ya habían perdido peso el terrorismo de extrema derecha y del GRAPO y desaparecido la rama político militar de ETA (ETA-pm), la banda terrorista vasca siguió actuando de manera sangrienta en su particular “guerra de desgaste” contra el Estado, para que cediera ante su chantaje, sangre y extorsión. Si bien lejos de las cifras de fines de los setenta (con más de ochenta asesinatos anuales), los gobiernos de González tuvieron que hacer frente a un alto tributo en sangre, que osciló entra la veintena y la cuarentena de asesinatos. No obstante, hubo circunstancias diferentes, debido a la nueva actitud de los gobiernos vasco y francés.

El relevo político en la lehendakaritza, tras la salida en 1985 de Carlos Garaicoetxea (que rompió con el PNV y fundó un nuevo partido nacionalista, Eusko Alkartasuna), vino de la mano del más conciliador José Antonio Ardanza, que mejoró las relaciones con el Gobierno socialista de Madrid. Incluso, en 1987, la entrada de algunos socialistas vascos en su ejecutivo autonómico, facilitó avances en la lucha antiterrorista.

La normalización de las relaciones con los nacionalismos vasco y catalán se tradujo en el traspaso de competencias previstos en sus estatutos de autonomía y en la colaboración gubernamental (los socialistas entraron en el Gobierno vasco junto al PNV hasta 1998) y la cooperación institucional (los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrollaron con un gobierno central y un ayuntamiento socialistas pero una Generalitat  nacionalista).

Contra la violencia terrorista de ETA, el gobierno de González usó las diferentes tácticas posibles. Más allá de sus resultados prácticos, se constató el final de la imagen romántica que había conservado ETA entre los sectores independentistas y en parte de la izquierda o en Francia, donde se hablaba de luchadores por la libertad.

La vía diplomática, orientada a la cooperación con Francia, logró que, desde 1984, las autoridades francesas colaboraran con las españolas más estrechamente, retirando la condición de refugiados políticos a los etarras y extraditando a los que tenían causas judiciales pendientes. La culminación de esta colaboración fue la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart en 1992.

La política de reinserción fue continuista respecto a la de gobiernos anteriores y estaba dirigida a los etarras dispuestos a renunciar a la violencia. Paralelamente, para aislar a los presos de la presión de los abogados y dirigentes etarras, el ministro de Justicia Enrique Múgica (1988-1991) impulsó la política de dispersión por toda la geografía nacional, medida ésta que fue muy criticada por las familias y la izquierda abertzale.

La creación de un frente político contra el terrorismo tuvo dos focos, Madrid, y Vitoria. En el Congreso de los Diputados, todos los partidos democráticos firmaron en 1987 el Pacto de Madrid. En el Palacio de Ajuria Enea, la residencia del lehendakari, se firmó en enero de 1988 un pacto semejante (Pacto de Ajuria Enea) por parte de los partidos democráticos representados en el Parlamento Vasco.

Por último, representantes del Gobierno y de ETA iniciaron conversaciones o negociaciones directas (como hicieron todos los gobiernos, desde Suárez hasta Rodríguez-Zapatero) en Argel (1987 y 1988), suspendidas ante la negativa de los terroristas de renunciar a la violencia. En una de las interrupciones de los contactos, ETA perpetró su atentado más sangriento; fue el 19 de junio de 1987, en el Hipercor de Barcelona, que provocó una verdadera carnicería (15 muertos y 35 heridos).

 

González ante su espejo roto. La crisis socialista y el fin del mito de Felipe

En los años noventa culminaba el proceso de desarrollo autonómico, el problema militar había pasado a la historia y España se había integrado en Europa. Sin embargo, el desgaste del poder socialista había ido acompasado al ascenso del Partido Popular. Con un creciente poder municipal y regional en sus manos, el PP se mostraba como alternativa creíble, superando su pasada vinculación al “franquismo sociológico”.

Los casos de corrupción se iniciaron en enero de 1990: la escasa transparencia en la legitimidad del desempeño de ciertos cargos de Juan Guerra provocaron un año después la dimisión de su hermano, Alfonso, de la vicepresidencia del Gobierno. Era peccata minuta en comparación con los que se avecinaban. En mayo de 1991, el diario El Mundo destapó el escándalo de FILESA, de presunta financiación ilegal del PSOE. Y en marzo de 1994, el mismo periódico sacó a la luz el protagonizado por Luis Roldán, que hubo de dimitir como director general de la Guardia Civil. En julio de 1994, el juez Baltasar Garzón, que volvía a la Audiencia Nacional tras abandonar el ministerio y la vida política, reabrió el caso GAL antes de que prescribiera.

En realidad, los episodios de guerra sucia contra ETA, protagonizados entre 1983 y 1987 por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), venían a continuar los asesinatos selectivos de supuestos etarras que, entre 1975 y 1981, había reivindicado el Batallón Vasco Español (también conocido como AAA, con veinticuatro asesinatos en el entorno de la izquierda abertzale y el independentismo vasco). Pues bien, el GAL, compuesto como sus antecesores por mercenarios e individuos vinculados a cuerpos policiales, provocó veintiocho asesinatos del entorno de ETA en el sur de Francia, con el objetivo de extender el problema terrorista allí y que la policía francesa colaborara con la española, acabando así con el “santuario” de la organización terrorista en suelo francés. Pero el escándalo no estalló verdaderamente hasta los años noventa, sirviendo para poner contra las cuerdas a Felipe González (cuya responsabilidad como supuesta “X”, o máximo responsable, no pudo ser demostrada) y llevando al banquillo y a la cárcel a su cúpula del Ministerio de Interior (en especial al ex ministro José Barrionuevo y a Rafael Vera) y a políticos socialistas vascos.

La corrupción, las revelaciones del caso GAL y los “papeles del CESID” (turbio asunto de de escuchas ilegales al rey y a distintos políticos) sirvieron para que el PP de Aznar y la IU de Anguita, junto a determinados periodistas y periódicos (El Mundo y ABC) lideraran una campaña feroz que denunciaba el agotamiento del proyecto socialista y la necesidad de una regeneración moral de la vida política. Mientras tanto, el PSOE mostraba fisuras internas, entre guerristas y renovadores desde 1991.

La relativa recuperación económica de 1994 y 1995 (que sucedió a la recesión del bienio anterior, en el que la economía española se había contagiado de la fase recesiva europea), liderada por Pedro Solbes como ministro de Economía, no consiguió contrarrestar el ambiente de cambio que destilaban los principales líderes de opinión. Parecían demasiado alejadas las alabanzas del historiador norteamericano Edward Malefakis, que había afirmado en un artículo titulado “El logro socialista”, publicado en El País en vísperas de las elecciones de 1993, que la etapa socialista había emprendido una “trayectoria de transformación económica y social rara vez igualada en la historia de España”. Frente a este relato, un grupo de periodistas de gran relevancia (calificados por el director de El País Juan Luis Cebrián como “sindicato del crimen” y englobados en la Asociación de Periodistas y Escritores Independientes, AEPI, como Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Antonio Herrero, Martín Ferrand o Martín Prieto, entre otros) hablaban de acoso a la libertad de expresión y se marcaron como objetivo prioritario provocar la caída del Gobierno de González; para uno de ellos Ansón, entonces director de ABC, la etapa socialista había traído “la destrucción de España”.

Estaban abiertas las puertas para la alternancia, natural en las democracias consolidadas. Las elecciones europeas de 1994 o las autonómicas y locales de 1995, ganadas por el PP, ya lo apuntaban. Frente al desgaste y división socialista, Aznar había consolidado su liderazgo en la derecha española mientras renovaba el discurso y el programa de su partido, sobrepasando su electorado tradicional y dirigiéndose a sectores más centristas.

 

En el espejo de la alternancia. El gobierno del PP de José María Aznar

La alternancia llegó tras las elecciones generales de 3 de marzo de 1996, pero no otorgaron la mayoría absoluta que esperaba Aznar. Con un envejecido González como contrincante (su lema “España en positivo”, contrastaba con la cantinela de su oponente en el Congreso, “¡Váyase, señor González!”), la ventaja del PP apenas superó el 1% y catorce escaños. En consecuencia, José María Aznar (cuyo rostro joven, en el que destacaba un mostacho que tapaba su labio superior, sobre un fondo azul marino aterciopelado, llamaba al electorado a votar a la “Nueva Mayoría”) se vio obligado a pactar con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios con el fin de mantener apoyos parlamentarios suficientes a su gobierno. También tendió la mano a los sindicatos.

La estrategia del diálogo y la negociación dio sus frutos en la primera legislatura del PP, evitando la conflictividad social. Aquel Aznar moderado confesaba hablar (contrariamente a los lemas anticatalanes de sus seguidores en la noche electoral) catalán en la intimidad (sic), se entendía con los representantes sindicales y ponía fin al servicio militar obligatorio, una medida muy popular que tuvo que implementar la derecha.

El lado oscuro de su primera legislatura fue el terrorismo de ETA, que se dirigió de manera especial contra militantes y concejales populares. Los casos más notables fueron el secuestro de Ortega Lara (liberado por la Guardia Civil a principios de julio de 1997, tras paras casi año y medio en un zulo) y el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco el 12 de julio, dos días después de ser secuestrado, pese al clamor popular por su liberación. El estupor que provocó el lamentable estado en que fue liberado Ortega, sumado al chantaje y ejecución de Blanco, generó una movilización sin precedentes y dio nacimiento al “espíritu de Ermua”.

El fracaso de su “guerra de desgaste” llevó a ETA a cambiar de estrategia (Sánchez-Cuenca, 2001), creando un frente nacionalista con el PNV para conseguir la independencia por la vía de los hechos consumados. 1998 trajo importantes novedades en el tema terrorista. Por un lado, los ecos que llegaban de Irlanda del Norte, por el acuerdo de paz entre el Gobierno británico y el IRA y los unionistas protestantes para acabar con un viejo conflicto terrorista. Por otro, el acuerdo de Lizarra (Estella), de 12 de septiembre, entre organizaciones nacionalistas vascas, para buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo irlandés. Cuatro días después, ETA declaró una tregua indefinida, argumentando el cambio de actitud del PNV. Empezaba ahora la negociación de los terroristas con representantes del Gobierno del PP, como había ocurrido una década antes con el gobierno de González. Pero también fracasaron las conversaciones. El 28 de noviembre de 1999, ETA comunicaba el final de la tregua, que había sido utilizada para ganar tiempo y recomponer su organización. De paso, había quedado en evidencia el pacto de Lizarra, que ponía precio político al abandono de la violencia. De hecho, el año 2000 fue tan sangriento como la suma de los producidos en los tres años anteriores a la tregua. Una de las víctimas fue el ex ministro socialista Ernest Lluch. Pocos días después de su asesinato (8 de diciembre de 2000), PP y PSOE firmaron el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo para apartar la política antiterrorista de la confrontación electoral e impulsar reformas legales para aislar al entorno etarra.

 

 

A modo de epílogo

Hasta que se ha hundido la imagen del icono de la política económica de Aznar, Rodrigo Rato, aparecía su política económica como exitosa. Es preciso analizarla. Vista en su conjunto, fue de corte liberal, con la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas, la disminución del gasto público y la rebaja de impuestos. El objetivo era cumplir, antes de mayo de 1998, los objetivos de convergencia (sobre inflación, deuda, tipos de interés y déficit público) establecidos en Maastricht, con el fin de que España ingresara en la Europa del euro. Para reducir la inflación, practicó una política de contención salarial. Para rebajar la deuda pública, privatizó empresas públicas rentables (como Argentaria, Telefónica, Repsol o ENDESA), aumentando, a corto plazo, la recaudación para Hacienda. El déficit se redujo con la moderación del gasto público y el aumento de los ingresos por la recuperación económica, basada en buena parte en la liberalización del suelo y en el boom inmobiliario. También bajaron los tipos de interés, paralelamente a la inflación. En consecuencia, España se incorporó a la Europa de la moneda única desde 1999, aunque el euro no empezó a circular físicamente hasta 2002 (con un cambio fijo de 166,386 pesetas por euro).

La economía española parecía ir mejor que nunca, con un PIB por encima de la tasa europea y norteamericana. El crecimiento se basaba sobre todo en el sector inmobiliario y unos salarios a la baja compensados por unos tipos de interés bajísimos que permitía el endeudamiento a largo plazo en bienes inmuebles (y de consumo) con la premisa de que el precio de las viviendas iría creciendo progresivamente. El contexto era de una desregulación económica que parecía ser positiva para el disfrute de la sociedad, aunque estuviera en la base de la crisis financiera futura.

Pese a generar con el tiempo una “burbuja inmobiliaria”, proporcionaba pingües beneficios a la administración pública por las recalificaciones de suelo público y los ingresos fiscales por las licencias de obra. También beneficiaba al empleo, incrementado notablemente en el sector de la construcción y en los sectores dependientes de la misma.

Junto a la mejora de la financiación, la construcción proporcionó a los regidores municipales una oportunidad para pasar a la posteridad, contando con “edificios de autor”. Las comunidades autónomas, que recibieron las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, se sumaron a la fiebre edificadora. El país se llenó de recintos feriales, polígonos de ocio, museos, paseos marítimos y palacios de congresos, a mayor gloria del alcalde o presidente regional.

La entrada en el euro en 2002, tras cumplir los criterios de convergencia, se presentó como el aval definitivo a esta política económica. El resultado a corto plazo fue un alza de precios bien visible por la práctica del redondeo.

Para las etapas siguientes, con otras presidencias socialistas y populares, remitimos al lector a las obras de Ignacio Sánchez-Cuenca (2012 y 2014) que explican, en el primer caso, la audacia de los “años de cambio” y la insatisfacción de los “años de crisis” que marcaron, respectivamente, la primera y segunda legislatura de Zapatero y, por último, la “impotencia democrática” que nos lleva hasta el presente, con Rajoy.

 

 

Bibliografía citada

BENEDICTO SOLSONA, M. A. y GONZÁLEZ BALLVÉ, J. L. (2007), La mayor operación de solidaridad de la historia. Crónica de la política Regional de la UE en España, Madrid, Plaza y Valdés.

FUSI, J. P. y PALAFOX, J. (1997), España, 1808-1996. El desafío de la Modernidad, Madrid, Espasa-Fórum.

GONZÁLEZ, J. J. y REQUENA, M., eds. (2005), Tres décadas de cambio social en España, Madrid: Alianza, 2005.

LÓPEZ VILLAVERDE (2013), El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas, Catarata.

MORATA, F. y MATEO, G., eds. (2007), España en Europa, Europa en España (1986-2006), Barcelona, Fundación CIDOB.

POWELL, Ch. T. (2001), España en democracia, 1975-2000. Las claves de la profunda transformación de España, Barcelona, Plaza y Janés.

SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2001), ETA contra el Estado. Las estrategias del terrorismo, Barcelona, Tusquets.

SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2012), Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas: 2004-2011, Madrid, Catarata.

SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2014), La impotencia democrática, Madrid, Catarata.

YSÀS, P., ed. (2011), La época socialista: política y sociedad (1982-1996). Madrid: Marcial Pons, (Ayer, núm. 84)

 

[Este artículo de Ángel Luis López Villaverde apareció el 10 de mayo de 2017 en la revista digital Anatomía de la Historia que yo dirigí.]