El terrorismo en el País Vasco: ETA contra los militantes derechistas; por José Antonio Pérez Pérez

Este artículo es continuación de ‘El terrorismo en el País Vasco: ETA contra los residuos del franquismo; por José Antonio Pérez Pérez’.

 

Funeral por Vicente Zorita, miembro de la ejecutiva de Alianza Popular en el País Vasco, asesinado por ETA el 14 de noviembre de 1980.

El acoso que padecieron los hombres y mujeres de las formaciones políticas de derecha o centro-derecha constituye una muestra del carácter intrínsecamente político de los crímenes cometidos por el terrorismo abertzale. Las diferentes ramas de ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas arremetieron contra ellos, como lo hicieron posteriormente contra otros partidos democráticos no nacionalistas, porque consideraban que eran «enemigos del Pueblo Vasco», y porque las ideas políticas que aquéllos defendían ponían en riesgo el proyecto uniforme y totalitario que la banda se propuso imponer por la fuerza. Se trató de una violencia que pretendía acabar con aquellos a quienes consideraba herederos y continuadores del «fascismo español» y «anular las opciones políticas cuya tradición era negada por la memoria abertzale». Su objetivo final no fue otro que infundir el miedo dentro de un sector concreto de la sociedad vasca, coartar su libertad de expresión y evitar que pudiesen desarrollar y defender su proyecto político, contribuyendo con ello a extender una espiral del silencio para acallar a las voces más críticas.

La campaña «antialcaldes» que impulsó ETAm desde 1975 y los asesinatos de los presidentes de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa sirvieron para dejar claro que esta organización tenía la intención de extender el terror entre quienes habían formado parte o colaborado de un modo u otro con el régimen franquista. Pero hubo excepciones. El pasado no significaba lo mismo para unos que para otros. Los antecedentes más incómodos fueron rápidamente olvidados en aquellos que se incorporaron a las formaciones nacionalistas durante los primeros años de la Transición, como ocurrió con unos cuantos alcaldes y concejales franquistas. En estos casos fueron apreciados y destacados como activistas comprometidos desde la dictadura a favor de las «libertades vascas». Por el contrario, ese mismo pasado constituyó para otros la prueba irrefutable del delito, especialmente para aquellos que comenzaron a militar en partidos «españolistas» del centro-derecha, como la Unión de Centro Democrático (UCD) o Alianza Popular (AP), en definitiva, el argumento de peso que serviría para justificar un importante número de crímenes políticos cometidos durante aquellos primeros años de la Transición en el País Vasco.

En las elecciones generales de junio de 1977 la formación centrista obtuvo representación en todas las provincias españolas, salvo en Guipúzcoa, el único territorio donde fue incapaz de elaborar una plancha electoral para defender su proyecto político. Detrás de esta situación estaba el acoso al que fue sometida por el entorno radical en un territorio con predomino nacionalista, donde ETA y el mundo radical ejercían una presión asfixiante contra todos aquellos que se identificasen públicamente como miembros de los partidos del centro-derecha español.

 

Por su parte, Alianza Popular solo pudo presentar candidaturas en Álava y Vizcaya, mientras que en el territorio guipuzcoano terminó apoyando la candidatura conservadora de Guipúzcoa Unida, una alianza electoral de orientación católica y tradicionalista formada por nueve pequeños partidos y un grupo de independientes que trataba de reivindicar el legado político de José María Araluce, asesinado por ETA en octubre de 1976. La campaña de Guipúzcoa Unida fue muy complicada, prácticamente imposible de realizar con normalidad, como hicieron las otras formaciones políticas. Los actos electorales fueron boicoteados y sus candidatos acosados. Pero lo peor estaba por llegar.

Entre 1978 y 1981 las diferentes ramas de la organización terrorista junto con los Comando Autónomos Anticapitalistas acabaron con la vida varios miembros de la UCD y AP: Luis Candendo, José Antonio Vivó Undabarrena (alcalde de Olaberría), Modesto Carriegas Pérez, Juan María Uriarte Alza (ex alcalde de Bedia), Ramón Baglietto, José Ignacio Ustaran, Jaime Arrese,  Juan de Dios Doval, Vicente Zorita, Alberto López Jaureguízar y José Tomás Larrañaga, este último asesinado el 31 de diciembre de 1984 tras sobrevivir a dos atentados anteriores.

El acoso que sufrieron los partidos que representaban las ideas de centro-derecha en el País Vasco dejó un reguero de vidas rotas por el dolor, de viudas y huérfanos, de seres queridos, de compañeros y amigos marcados para siempre por la intolerancia y el fanatismo que se extendió durante aquellos años. Pero, además de ello, el terrorismo abertzale contribuyó decisivamente a la desarticulación total de este espacio político, al menos hasta mediados de los años noventa del siglo XX, y terminó por estigmatizar a todos aquellos que representaban o simplemente se identificaban con unas ideas contrarias al proyecto político que pretendían imponer ETA y su entorno.

 

Sobre todo ello, sobre la persecución que sufrieron los miembros de los partidos de derecha y centro-derecha en el País Vasco durante los años de plomo, se trata en el cuarto capítulo de este libro (Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco: 1968-1981), escrito por mí, José Antonio Pérez Pérez.