Este artículo es continuación de ‘El terrorismo en el País Vasco (1968-1981): acosados por el terror’; por José Antonio Pérez Pérez’.
Unos días después de los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 que acabaron con la vida de tres miembros del FRAP y dos de ETApm, la rama militar de esta organización difundió un comunicado en el que anunciaba el inicio de «una ofensiva contra todos los alcaldes, diputados a Cortes y demás responsables y administrativos que ejerciesen sus funciones en el País Vasco», a los que acusó directamente de ser «cómplices conscientes y directos del Gobierno Español». ETAm les concedió un plazo de dos meses para presentar su dimisión. En caso de no hacerlo serían asesinados. Dos meses después la banda volvió a difundir otro nuevo comunicado:
«Si la represión se desencadena
sobre una localidad el alcalde es tan responsable como el comandante de la
guardia civil, puesto que legalmente participa con él del poder. Si como
sucede, esta situación legal no es además real, que dimitan. [...] Sabemos
sobradamente que en Euskadi Sur no hay más que un poder real, el de las fuerzas
armadas, protagonizadas(s) hoy por la guardia civil. Por eso hemos concedido a
los alcaldes un plazo de dos meses pero el plazo ha terminado y vamos a pasar a
la acción. No permitiremos que nos sigan mostrando una aparente autoridad civil
que no existe. Euskadi está controlada y gobernada militarmente por fuerzas de
ocupación extranjeras».
Sin
embargo, antes de que concluyera el plazo, el alcalde de Oyarzun, Antonio
Echeverría Albisu, fue asesinado a sangre fría por un miembro de ETA militar.
Ocurrió el 24 de noviembre de 1975, tan solo cuatro días después de la muerte
de Franco. A primera hora de la tarde, un
pistolero de esta organización llamó a la puerta de su casa y cuando el alcalde
salió para atenderle el terrorista le descerrajó un balazo en el pecho. Al día
siguiente la noticia tuvo un amplio seguimiento en la prensa regional y
nacional. La fotografía con el rostro del joven alcalde aparecía entre las
impresionantes imágenes del penúltimo reportaje sobre los funerales por la
muerte de Franco, celebrados en el Valle de los Caídos el mismo día del atentado.
El crimen de Echeverría provocó una gran sorpresa y conmoción en el País Vasco.
Fue el primer alcalde que resultaba asesinado por la organización terrorista.
A pesar de las amenazas que ETAm había lanzado unas semanas antes, durante los
primeros momentos la prensa no vinculó el crimen con aquel comunicado, ni
siquiera con un posible atentado terrorista. Las especulaciones sobre aquellos
hechos se despejaron en muy pocas horas. Un comunicante anónimo reivindicó el
atentado en nombre de la organización terrorista a través de Radio Montecarlo y
trató de justificar el asesinato de Echevarría como parte de la campaña
«anti-chivatos» que había puesto en marcha y no como consecuencia directa de la
que había anunciado contra los alcaldes, pero al mismo tiempo dejaba claro que
aquel asesinato debía servir como advertencia y anunciaba la intención de la
organización terrorista de atentar en muy poco tiempo contra otros regidores:
«Todo chivato será ejecutado. Aislemos al aparato
ocupacionista: Toda persona que frecuente la compañía de la Guardia Civil, Policía
Armada y Brigada Político Social será ejecutada. ¡La campaña anti-alcaldes va a
empezar y quien no dimita será ejecutado! [...] La organización de Liberación
Nacional Euskadi ta Askatasuna (ETA), continuando la campaña anti-chivatos,
ayer día 24 de noviembre ha ejecutado a Antonio Echevarría por su conocido
antivasquismo, muestra de ello son sus gestiones realizadas en contra de la
construcción de la nueva ikastola, el engaño indiscriminado a baserritarras (campesinos) y pueblo de Oyarzun en general, para
enriquecerse a costa de estos y su labor de informador y colaborador y de las
fuerzas ocupacionistas del Estado Español en Euskadi Sur».
El
comunicado concluía con una sentencia tan clara como estremecedora:
«Este ajusticiamiento llevado a cabo por nuestra
organización no es (el) comienzo de la campaña anti-alcaldes, pero queremos que
sirva de advertencia y todo aquel alcalde que esté indeciso a dimitir de su
cargo ya puede posicionarse antes de que termine el plazo fijado, pues
actualmente en Euskadi se está CON EL PUEBLO O CONTRA ÉL. YA NO HAY LUGAR
PARA LA NEUTRALIDAD y todo aquel que esté contra el Pueblo correrá la misma
suerte que Antonio Etxebarria»
El
asesinato de Albisu, cometido unos pocos días después de la muerte de Franco,
sería en realidad el primero de toda una larga lista de crímenes que tendrían
como objetivo extender el terror entre las filas de sector político ligado al
régimen de Franco que estaba a punto de desaparecer. Detrás de él vendrían los
atentados mortales contra Víctor Legorbu, alcalde de Galdácano; Luis Carlos Albo, jefe del Movimiento Nacional en
Basauri; Juan
María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero del Reino y procurador en Cortes;
Javier Ybarra y Bergé, exalcalde de Bilbao y expresidente de la Diputación de
Vizcaya;
Augusto Unceta, empresario y presidente de esta misma institución; Julio Martínez Ezquerro, concejal del ayuntamiento de
Irún;
Jesús Ulayar Liciaga, alcalde de Echarri Aranaz; José
Antonio Vivó Undabarrena, alcalde de Olabarría; y
Luis María Uriarte Alza, primer regidor de Bedia.
La
cacería, una verdadera limpieza ideológica, había comenzado.
Sobre todo ello, sobre la
persecución a la que fueron sometidos los cargos y representantes políticos locales
del régimen franquista por parte de ETA, se trata
en el tercer capítulo de este libro (Historia y memoria del terrorismo en el
País Vasco: 1968-1981), escrito por mí, José Antonio Pérez Pérez.
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