El proceso 1001: sindicalistas en el segundo franquismo

Estamos en el llamado segundo franquismo. Luego llegará la Transición. Es la década de los años 60 y la primera parte de la de los 70, esa segunda etapa en que solemos dividir los años del franquismo.

Entre 1960 y 1975 se produjo en España un triple fenómeno, dominado, como siempre durante la dictadura de Francisco Franco, por la figura preponderante del Generalísimo. Por un lado, el desarrollismo, por otro un cierto deambular en el filo de la incógnita permanente del ¿después de Franco qué?; y, por último, un leve aperturismo a caballo del nuevo nivel de vida, del acercamiento al estilo vital occidental, mediatizado de alguna manera por el descenso de la actividad política directa del dictador, cada vez más convertido en un mero símbolo −pero qué símbolo, dominador absoluto siempre de las últimas decisiones− de la misma política irreductible e incapaz de la reconciliación expresa con el vencido en la guerra de los años treinta.

 

Tensiones en una dictadura española

Las tensiones creadas por las transformaciones económicas (propias de la modernización, tensiones que fueron de la mano de la ineficacia de un Estado en suma corrupto), junto a la incapacidad administrativa del franquismo, dieron lugar a una búsqueda de mayor representación por parte de los dos habituales protagonistas de la oposición real al régimen, los obreros y los estudiantes, pero también de los dos nuevos grupos enfrentados a la dictadura, los nacionalistas (esencialmente los vascos) y un sector de la Iglesia católica. Lo que pretendía esa conflictividad creciente de la década de los 60 y los primeros 70 era más bien la creación de parcelas de libertad elementales, básicas, inexistentes en un país aparentemente integrado en el Occidente donde las democracias reinan.

Centrémonos en los primeros. Los obreros reivindicativos, que recuperaban como podían la capacidad de los sindicatos de las primeras décadas del siglo, se agruparon principal, pero no únicamente, en torno a una hábil estratagema a modo de caballo de Troya en el interior del sindicalismo vertical ideada por los comunistas: las Comisiones Obreras (CC OO), que supieron aprovechar, si bien brevemente, la reglamentación sobre convenios sindicales del año 58, hasta 1967 en que el franquismo las devolvió a la clandestinidad de donde venían. No obstante, y para que nos hagamos idea, el crecimiento de la capacidad huelguística llegó hasta el punto de que en el año 1970 tuvieron lugar en España 1.595 huelgas. Lo que reclamaron los trabajadores era la libertad sindical y el derecho a negociar los convenios colectivos.

La primera contradicción del aparente esplendor del franquismo la acabamos de ver: la organización sindical puesta en pie por la dictadura desde 1938 no servía para lo que se supone que debería de servir ese instrumento, pues ni permitía la conciliación laboral que habría de estar en su objetivo ni integraba a los obreros en el régimen.

En el mes de septiembre de 1966 son elegidas cerca del 80% de las candidaturas presentadas o apoyadas por las Comisiones Obreras en las elecciones sindicales. Y el 9 de octubre la coordinadora estatal de las Comisiones Obreras se reúne por vez primera, en Madrid. El día 27 de enero de 1967, Comisiones Obreras lleva a cabo la que había denominado “Marcha sobre Madrid”: miles de metalúrgicos exigen en Madrid libertades sindicales en medio de la más grande manifestación reivindicativa que hasta entonces había conocido el franquismo.

Pero, el 14 de marzo de aquel año 67, las Comisiones Obreras (CCOO) son declaradas ilegales por el Tribunal de Orden Público, lo que no impide que, movilizados por ellas, estudiantes y trabajadores descontentos con el régimen llevaran a cabo el 27 de octubre en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Pamplona, Valencia, Málaga, Zaragoza y otras ciudades una jornada de protesta multitudinaria.

 

Las muy clandestinas Comisiones Obreras

En 1971, la conflictividad continúa, e incluso hasta la Iglesia católica, reunida en septiembre en una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, presidida por el cardenal arzobispo de Toledo y primado de España Vicente Enrique y Tarancón, debate sobre su implicación en el régimen franquista y la mayoría de los reunidos reconoce que la institución no sirvió como reconciliadora durante la Guerra Civil. Y la violencia aumenta, la de ETA, porque nace incluso una nueva organización terrorista que acabará por convertirse en el maoísta Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), decidida a acabar por la fuerza del terror con el régimen, aunque no es hasta dos años después cuando se cobra su primera víctima, un policía. En septiembre de ese año 1971, concretamente el 13, comienza una huelga en el sector de la construcción en Madrid y, ese mismo día es abatido por disparos de la Guardia Civil en la localidad madrileña de Zarzaquemada un militante de CCOO y del PCE, Pedro Patiño, cuando pegaba carteles.

Resulta evidente que la dictadura del general Franco, lejos de resolver cuantos problemas ella misma había creado, es incapaz incluso de resolver sus propias vicisitudes internas, las que le son propias como régimen político. Anclada en el profundo dilema de si avanzar hacia el aperturismo o si, por el contrario, cerrarse en torno al búnker ideológico que ya se cierne alrededor de todo lo que aun representa el franquismo para los más recalcitrantes inmovilistas, la peculiar autocracia del anciano dictador está en esos primeros años de la década de los 70 absolutamente paralizada.

Si los ultras −más papistas que el Papa, más franquistas que Franco, exactamente− defendían un inmovilismo que pretendía reproducir algo que ni siquiera había existido −o que dejó de existir hacía décadas anegado por los tiempos de la evolución a la que la Historia sometió al tinglado pergeñado por los vencedores de una guerra civil−, su némesis, el aperturismo, se confundía −si uno solo leía o escuchaba a ambas tendencias− con la mismísima oposición democrática perseguida por el régimen. Y sobre esa tremenda paradoja se mantenía en vilo el franquismo. Un franquismo que tenía un verdadero parlamentarismo, si bien de papel, en la prensa cada vez más cómoda desde la pequeña liberalización del año 66. Y decimos pequeña porque quienes como el diario Madrid o la revista Triunfo se salían de los márgenes consentidos, podían pagarlo caro.

El Gobierno, reflejo también de esa división entre inmovilistas y aperturistas, solo respondía con medidas que pretendían mostrarle al sector ultra su rectitud, carente de la lógica de una salida hacia adelante para la que estaba absolutamente incapacitado. En julio de 1971 endurece la Ley de Orden Público del año 59 y el 24 de junio de 1972 ordena la detención de la Coordinadora General de CCOO en un convento de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, iniciándose el denominado Proceso 1001.

Estamos inmersos en lo que se ha dado en llamar tardofranquismo, que sería aquel de los años finales de la dictadura de Franco, los de los estertores del régimen, el subperiodo con el que acaba el segundo franquismo. Las muy clandestinas CCOO promueven, sin demasiado éxito, el 12 de diciembre de 1973 una jornada de lucha en apoyo a los encausados en el Proceso 1001. Ochos días después, la organización terrorista vasca ETA asesina en Madrid a Carrero Blanco (además de a su escolta, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández; y al conductor del vehículo presidencial, José Luis Pérez Mogena). Ese mismo día 20 tiene lugar el inicio de la vista oral del Proceso 1001, que durará dos días más. Acusados de pertenencia a una organización ilegal, es decir al PCE, los miembros de CCOO serán condenados por el Tribunal de Orden Público (TOP) el día 30 a 162 años de prisión: Marcelino Camacho a 20 años, Nicolás Sartorius a 19, Miguel Ángel Zamora Antón a 12, Pedro Santiesteban a 12, Eduardo Saborido a 20, el sacerdote Francisco García Salve a 19, Luis Fernández a 12, Francisco Acosta a 12, Juan Muñiz Zapico a 18 y Fernando Soto Martín a 17.

El Tribunal Supremo rebajará el 15 de febrero de 1975 aquellas penas, tras el recurso de los condenados, dejando en 6 años de prisión la de Camacho; en 5 la de Sartorius, Saborido y García Salve; en 4 las de Muñiz Zapico y Soto Martín, y tan solo en 2 las de Zamora Antón, Santiesteban, Luis Fernández y Acosta.

 

En un contexto radicalmente distinto, ya fallecido Franco, serán todos ellos indultados por el rey Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975 por medio del Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad don Juan Carlos de Borbón como Rey de España; más un indulto propio de la dictadura extinta que de la monarquía democrática que habría de llegar. Ya había dado comienzo, bien que a regañadientes, la Transición española a la democracia. Y sí, eso ya es otra Historia, una en la que aquellos sindicalistas presos tendrán mucho que decir.

  

Este artículo es una adaptación de distintos epígrafes de dos de mis libros por Sílex ediciones: El franquismo (edición digital en Punto de Vista Editores) y La Transición.