El terrorismo en el País Vasco: la lucha extrajudicial contra ETA; por José Antonio Pérez Pérez
Atentado mortal contra el dirigente de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, cometido en Anglet (Francia) el 21 de diciembre de 1978. Archivo Municipal de Bilbao. Fondo La Gaceta del Norte. |
Este artículo es continuación de ‘El terrorismo en el País Vasco:la ley mordaza de ETA; por José Antonio Pérez Pérez’.
Aunque
una parte importante de los ataques protagonizados por elementos de la extrema
derecha tuvieron lugar en Madrid y Barcelona, fue en el País Vasco donde sus
acciones fueron más sangrientas. Grupos como el Batallón Vasco Español (BVE),
los Guerrilleros de Cristo Rey, la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple
A), Antiterrorismo ETA (ATE) o Grupos Armados Españoles (GAE),
que en ocasiones estaban formados por los mismos individuos, actuaron con
frecuencia durante la segunda mitad de los años 70, atacando manifestaciones,
amenazando, secuestrando y asesinando a una treintena de personas entre 1975
y 1981. La impunidad de sus actuaciones y la evidente conexión con
organismos policiales y servicios secretos contribuyeron a relativizar y
cuestionar el proceso de Transición y a deslegitimar las instituciones,
incapaces de controlar dicha violencia, así como al aumento de simpatía
hacia ETA, o al menos a justificar sus acciones, cuya retórica afirmaba que
nada había cambiado con la democracia y que seguía vigente la dictadura
fascista.
Aunque
estos grupos habían cometido diversos ataques a principios de los años setenta,
no fue hasta el Estado de excepción de abril de 1975 cuando se hicieron más
presentes con mayor intensidad en el País Vasco, gracias, en gran medida a la
situación que propició la implantación de aquella medida para tratar de atajar
la ofensiva que habían lanzado las dos ramas de ETA. Durante aquellas semanas
elementos ultraderechistas y parapoliciales se dedicaron a dar palizas a
militantes nacionalistas e izquierdistas, pero también realizaron
ametrallamientos e incluso pusieron varios artefactos explosivos. Sin embargo, tardarían
algunos meses en cruzar la raya invisible que dividía este tipo de ataques de
los atentados mortales. Finalmente, el 5 de octubre de 1975 traspasaron ese
límite, después de que una bomba colocada por ETA en la localidad guipuzcoana
de Oñati acabase con la vida de tres agentes de la Guardia Civil. Esa misma
noche, un grupo de personas no identificadas irrumpió en el restaurante que
regentaba en el alto de Campazar el hermano de un miembro de ETA y lo asesinó a
tiros. La víctima se llamaba Ignacio Etxabe. Fue el primero de toda una
serie de atentados mortales que dejarían ese reguero de una treintena de
personas asesinadas.
La mayor
parte de los grupos e individuos que actuaron detrás de las siglas que
reivindicaron sus acciones carecían de la estructura y medios de otras
organizaciones como ETA. También carecían del apoyo de un entramado social y
político, a diferencia de esta banda terrorista. El grupo más estable
estuvo fue el Batallón Vasco Español, que actuó sobre todo en Gipuzkoa y estuvo
formado por dos personas, Ignacio Iturbide y Ladislao Zabala, dos pistoleros
ultraderechistas que cometieron siete asesinatos antes de ser detenidos por la
Policía en 1981 después de sembrar el terror en aquella provincia y puestos a
disposición de la justicia.
El número
de atentados mortales que se atribuyeron todos estos grupos fue muy inferior a
los cometidos por ETA y otras organizaciones de su entorno, pero esta
circunstancia no rebaja la enorme gravedad de este fenómeno ni el rastro de
dolor que dejaron. La mayor parte de los asesinatos obra de la violencia ultraderechista
se produjo precisamente en 1980, el año más sangriento de la banda
terrorista y otras organizaciones de su entorno. Como declararon en sus
comunicados todos los grupos que se ocultaban detrás de siglas como el BVE, GAE
o la Triple A, su objetivo fundamental en el País Vasco era responder con los
mismos métodos al terrorismo que practicaba ETA, atacando a personas e
intereses a quienes relacionaron directamente con esta organización. La
realidad fue muy distinta. Efectivamente, sus acciones llevaron el terror a la
comunidad abertzale, sobre todo en el sur de Francia, donde los
denominados refugiados vascos, muchos de ellos miembros de la banda terrorista, se habían
movido hasta ese momento con total impunidad, organizando y planificando las
acciones que esta organización cometía en España.
El terrorismo ultra en estos casos, compuesto por mercenarios, elementos fanatizados, pero también posiblemente por algunos miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, acabó con la vida de unos cuantos militantes de ETA, pero otras muchas víctimas no pertenecían ni colaboraban con ella. Algunas solo eran miembros o simpatizantes abertzales. Otros, como Normi Menchaca, asesinada en las fiestas de Santurce en 1976 por unos incontrolados, las víctimas de los atentados del bar Aldana de Alonsótegui en enero de 1980 o las que fallecieron en la explosión de Bilbao en julio de ese mismo año, no tenían ningún tipo de relación con el nacionalismo vasco radical. Todas ellas fueron víctimas de un terrorismo que, a diferencia del practicado por ETA, carecía de apoyos entre la sociedad vasca, por mucho que la comunidad abertzale se esforzase en presentar sus acciones como el resultado de un enfrentamiento entre dos bandos. Nunca existió tal cosa. Sin embargo, el terror que extendieron todos estos grupos y la escasa implicación que mostraron las autoridades españolas por perseguirlos, contribuyeron a reforzar esa imagen que socavó la legitimidad del Estado de Derecho y los valores democráticos en el País Vasco.
Sobre todo ello, sobre los grupos ultraderechistas y parapoliciales que actuaron en las décadas de 1970 y 1980 en Euskadi, escribe José Antonio Pérez Pérez en el octavo, y último, capítulo de Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco, 1968-1981, el libro coordinado por él mismo y editado por Confluencias (2021).
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