Los Pactos de
la Moncloa, firmados entre el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, de una
parte, y los representantes de los grupos políticos del Congreso, de la otra (Leopoldo
Calvo-Sotelo por UCD; Felipe González por el PSOE; Joan Reventós y Josep Maria Triginer,
como delegados ambos de Socialistes de Catalunya; Manuel Fraga por AP, Enrique Tierno
Galván por el PSP-US, Juan de Ajuriaguerra por el PNV, Miguel Roca i Junyent
por el PDPC y Santiago Carrillo por el PCE), eran en realidad dos convenios,
denominado uno Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la
Economía, signado el día 25 de octubre de 1977, y llamado el segundo Acuerdo sobre
el Programa de Actuación Jurídica y Política, aprobado, aunque sin la firma de
Fraga, dos días después.
Habitualmente, no obstante, cuando de aquellos Pactos se habla se
hace referencia únicamente al Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, que fue un auténtico pacto social, porque superar la
crisis económica había dejado de estar supeditado al primer objetivo de la
transición desde la dictadura hasta la democracia, ya culminado: unas
elecciones libres. Y el resultado de esas mismas elecciones permitió que en la
base de la negociación se incluyera el firme convencimiento de que una de las
pendientes por donde podría acabar rodando todo lo logrado hasta entonces era
la grave situación económica de muchas de las familias españolas.
En
el segundo Gobierno de Suárez se había creado una vicepresidencia para Asuntos Económicos y se había reclutado a un auténtico especialista como Enrique Fuentes Quintana
para acabar con las contemporizaciones que no habían hecho sino empeorar
la situación. Y es así que el propio Fuentes Quintana promovió un amplio pacto
social, con el objeto de que sirviera para superar la crisis económica y
permitiera acomodar el recorrido hacia la constitución política ineludible, que
pedía a las familias que soportaran el control de los salarios en un nivel
inferior a la inflación prevista, a cambio de que desde el ejecutivo se
impulsaran medidas de redistribución de la riqueza, especialmente a partir de
una reforma fiscal.
El acuerdo alcanzado en aquel mes de octubre del año 77 supuso lo
que para algunos es considerado no solo el marco esencial de referencia de la
economía tal y como España y sus gobernantes la entenderán en los años
venideros, sino, sobre todo, el final auténtico de la Guerra Civil de los años
30 de ese mismo siglo, con la sustitución del combate mortal por el primer
pacto negociado abiertamente, cara a cara, con
luz y taquígrafos, entre los antaño antagonistas.
Este texto pertenece a mi libro La Transición (Sílex ediciones, 2015).
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