Un harakiri español

Para responder a la inevitable pregunta ¿por qué los procuradores franquistas aceptaron “suicidarse” política e institucionalmente?, creo que lo mejor es seguir a quien con más detenimiento y profundidad ha pretendido responderla, Ignacio Sánchez-Cuenca. 

La mayoría de los estudios sobre este acontecimiento decisivo en la fase anterior al consenso y al pacto aluden “a la tradicional sumisión de los legisladores franquistas a los designios del Ejecutivo, a la altura de miras de los procuradores, que habrían antepuesto los intereses generales del país a sus intereses personales, o a las presiones que ejerció el Ejecutivo sobre ellos para conseguir votos a favor de la Ley para la Reforma Política en las Cortes”. 

Ahora bien, para entender las razones de que los procuradores (y los miembros del Consejo Nacional del Movimiento también) ejercieran una “mayor hostilidad y resistencia ante la liberalización de Arias que ante la democratización de Suárez” no cabe pensar en motivos ideológicos ni de ambición política, sino en algo tan sencillo como que “lo mejor que podían hacer era seguir la tendencia mayoritaria”, ya que, básicamente, “si apoyaban la reforma pero esta no salía, quedaban como traidores al régimen; pero si se oponían a la reforma y esta se aprobaba, quedarían marginados en el nuevo sistema”. Crucial resulta para Sánchez-Cuenca “el surgimiento de Alianza Popular (AP) en octubre de 1976” pues esa organización política facilitó la coordinación de destacados franquistas, “estableciendo desde la cúpula de la organización un criterio sobre la Ley para la Reforma Política que muchos procuradores (cerca de 150) siguieron como guía”. De hecho, “el punto máximo de tensión [en aquella votación de noviembre del 76] se alcanzó cuando el líder de los procuradores que estaban próximos a AP, Cruz Martínez Esteruelas, amenazó con la abstención si no se atendían sus demandas sobre el sistema electoral. La abstención habría puesto en peligro la mayoría de dos tercios que se requería para la reforma de las Leyes Fundamentales. 

Los procuradores de AP querían un sistema mayoritario, pues estaban convencidos de que este les permitiría alcanzar cómodamente una mayoría absoluta en las elecciones. El Gobierno, sin embargo, se había comprometido con el sistema proporcional […]. En negociaciones de última hora –finaliza su argumentación Sánchez-Cuenca− se llegó a un compromiso por el cual se mantenía la proporcionalidad, pero se introducían mecanismos correctores a causa de los cuales todavía hoy España tiene un sistema proporcional con un fuerte sesgo mayoritario a favor de los grandes partidos nacionales”.

Este texto forma parte de mi artículo para Periodistas en Español, titulado España, noviembre de 1976 y la Ley para la reforma Política', que puedes leer AQUÍ completo.