23-F
En el capítulo
4 de mi libro de 2015, La Transición, titulado ‘Completando la Transición. De marzo del 79 a octubre del 82’, uno de
sus epígrafes, ‘El 23-F. ¿Vuelta a empezar? La
segunda legitimación de Juan Carlos de Borbón’, estaba
dedicado al fracasado golpe de Estado del año 1981.
Comenzaba con esta cita:
“En el golpe
del 23 de febrero se engarzan dos cosas distintas: una es una serie de
operaciones políticas contra Adolfo Suárez, pero no contra la democracia, o no
en principio; otra es una operación militar contra Adolfo Suárez y también
contra la democracia. Ambas cosas no son del todo independientes; pero tampoco
son del todo solidarias: las operaciones políticas fueron el contexto que
propició la operación militar; fueron la placenta del golpe, no el golpe: el
matiz es capital para entender el golpe.”
JAVIER
CERCAS: Anatomía de un instante, 2009.
Y, más adelante, escribía yo…
El que ha
sido dado en llamar golpe de Estado del 23-F duró ese día completo del año 81 y
parte, hasta las 12 horas de la mañana, del siguiente. Y puede ser dividido en
cinco fases. Una primera de prolegómenos que desde las cero horas del 23 llega
hasta las 18 horas y 22 minutos de ese mismo día. Una segunda a la que [el
historiador español] RobertoMuñoz Bolaños califica de periodo de incertidumbre e impasse que
“se prolongó entre la toma del Congreso de los Diputados por Tejero ―cuando
se estaba procediendo por segunda vez a la votación de la investidura como
presidente del Gobierno de Calvo-Sotelo: 18:22 horas― y la llamada de Miláns
del Bosch a Armada” pidiéndole que se dirigiera a la cámara baja del
Parlamento para que los diputados secuestrados le eligieran presidente del
Gobierno ―21:00 horas―. “Esta fase estuvo marcada por la forma en que Tejero
realizó su operación, que contravino las órdenes recibidas por Armada, pues si
bien fue incruenta, no careció de un fuerte tono violento”.
La tercera
fase del golpe sería en la que se asiste al retorno
a la Solución Armada, tuvo tres escenarios fundamentales (la
Capitanía General de la III Región Militar, en Valencia; el Cuartel General del
Ejército y el Congreso de los Diputados, en Madrid), se prolongó entre las
21:00 horas del día 23 y las 01:00 horas del día 24 “y supuso una vuelta a la
idea inicial de la operación, es decir, a la posibilidad de que Armada pudiera ser
elegido presidente del Gobierno por los diputados retenidos por Tejero.”
Posibilidad fracasada por las gestiones inconclusas del propio Armada en el
Congreso de los Diputados, adonde se dirigió con el visto bueno del propio
monarca ―”aunque obligándole a que la propuesta se hiciera ‘a título
personal’”―, y de casi todos los principales mandos militares ―“sólo se opuso
el capitán general de Canarias Jesús González del Yerro Martínez, que
también aspiraba al mismo cargo―, si bien únicamente obtuvo de Tejero una
rotunda negativa a aceptar un gabinete integrado por socialistas y comunistas.
En la
cuarta fase del 23-F se van aclarando las diferentes posiciones de los actores
implicados. Se desarrolló ya en el día 24, desde las 01:00, cuando Juan Carlos
I desautoriza a Miláns del Bosch, y las 04:00 horas, cuando el teniente general
retira finalmente su bando y depone su actitud de someter al estado de
excepción a la región militar bajo su mando. Si de un lado, el rey encabezaba a
la sociedad civil y a la inmensa mayoría de las autoridades militares en la
oposición inequívoca al golpe, pretendiera éste lo que pretendiera, de otro
estaban Tejero y los suyos, que persistían en el secuestro de la soberanía
popular aunque abandonaban la llamada Solución
Armada y se decidían “por propiciar un auténtico golpe militar para lo que
no dudaron en pedir el apoyo de distintos mandos del Ejército”. En esta cuarta
fase destaca sobremanera un hecho: el mensaje regio emitido por RTVE a la
una y media de aquella noche, ya día 24, que ―grabado en el palacio de la
Zarzuela hacia las 22:30 horas, tenía un contenido idéntico al que había
enviado a las capitanías generales― “para la inmensa mayoría de los españoles
supuso la clarificación definitiva de la posición del jefe del Estado”:
“Al dirigirme a todos los españoles,
con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en todo
momento estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les
hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares,
zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:
‘Ante la situación
creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso y para evitar
cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles
y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para
mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier
medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con
la aprobación de la junta de jefes de estado mayor’.
La corona, símbolo de la permanencia
y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna, acciones o actitudes de
personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la
constitución votada por el pueblo español dictaminó a través de referéndum.”
La quinta y
última de las fases del golpe de Estado del 23-F se prolongó entre las 04:00 y
las 12:00 horas del día 24, y finalizó con la liberación de los diputados y la
salida de las fuerzas que ocupaban el edificio de la cámara baja del
Parlamento, entre las que se encontraban el comandante Ricardo Pardo Zancada
y sus 115 soldados de la División Acorazada Brunete n.º 1 que habían llegado a
ayudar a Tejero horas antes. Son momentos en los que ya “las fuerza ocupantes
se encontraban totalmente desamparadas y sin un mando al que obedecer”.
El final
del asalto se produjo luego de que el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez
de Salazar, íntimo amigo de Pardo Zancada, se ofreciera a desatascar la ya
fantasmal presencia de militares en la sede de la soberanía popular y a hablar
en nombre de la Junta de Jefes de Estado Mayor para ello con aquél y con Tejero
con la intención de buscar una salida a la situación, lo cual logró cuando a
las 12:00 horas de ese día 24 se daba por finalizado el fallido golpe de Estado,
un golpe que en realidad, tal y como escribiera Javier Fernández López, un
militar que ha estudiado y nos ha explicado el 23-F, fueron “tres golpes que no
se sumaron sino que chocaron”: el de Armada, el de Tejero y el de Miláns.
Si habían quedado claras dos cosas
tras el 23-F una de ellas era la precariedad o cuanto menos fragilidad de la
libertad democrática que pretendieron traer los magos del consenso, y que de
hecho habían traído, y la otra que, gracias a su actuación en aquella sinuosa
ocasión, el nieto de Alfonso XIII había obtenido una prolongación de la
legitimidad democrática que había sido sellada con la Constitución del 78.
Un tercer asunto creo que resulta
relevante si se trata de diseccionar el fracaso de la involucionista
insurrección del 23 de febrero del año 81: los golpistas se equivocaron, como
afirma [el historiador español] Juan Pablo Fusi, confundieron la
temperatura política del país, más aún, confundieron el clima de la ciudadanía,
pues “en España podría haber indiferencia, apatía política y hasta desencanto,
[pero lo que no había era] malestar contra la democracia”. Los millones de
personas que el día 27 se manifestaron en la mayoría de las ciudades españolas
a favor de la democracia y en contra de los golpistas, en contra del regreso a
la negra noche de la dictadura, son una buena prueba de ello.
A la hora de analizar las
consecuencias del golpe derrotado podríamos establecer algunas de ellas ahora
mismo: “el golpe de Estado fue la vacuna más eficaz contra otro golpe de
Estado” afirma Cercas, quien nos explica que, al tiempo que el propio golpe
desacreditaba a los golpistas no sólo frente a la sociedad sino y sobre todo de
cara a sus propios compañeros de armas, el gabinete de Calvo-Sotelo se dedicó no
sólo a modernizar en la medida de lo posible las Fuerzas Armadas, sino que
también las purgó de ultrarreaccionarios y más que posibles levantiscos; pero
además hizo algo que había buscado con ahínco el franquismo en su momento sin
el menor éxito y que deliberadamente Suárez y sus gabinetes retrasaron,
ingresar a España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en
mayo del 82, aunque ya lo defendiera como parte de su política exterior en su
programático discurso de investidura, para tranquilidad de la gran potencia
occidental estadounidense y de paso con la utilidad a largo plazo de “civilizar
al ejército y ponerle en contacto con ejércitos democráticos”; como asimismo
firmó en junio con los principales sindicatos y los representantes de los empresarios
(la CEOE) pero también con el apoyo de otras fuerzas políticas el llamado
Acuerdo Nacional sobre Empleo que, a modo de segunda vuelta de los Pactos de la Moncloa, mejoraría la economía
futura del país y reduciría notablemente la terrible lacra del desempleo; e
igualmente logró que la oposición socialista amparase desde marzo del 81 el
desarrollo de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), aprobada
ya en el verano del año siguiente y que venía a poner orden en el proceso de autonomía de las regiones y
nacionalidades pues establecía la progresiva y armonizada transferencia de las competencias
de las que el Estado se desprendería a favor de las comunidades autónomas (aunque
la norma, en realidad, quedó en agua de borrajas, ya que, pese a que su
inmediato final excede los límites cronológicos de esta obra, es de rigor dejar
claro que en agosto del año 83 el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucional el alma de su articulado, a raíz de los preceptivos recursos
de inconstitucionalidad promovidos por los partidos nacionalistas vascos y
catalanes, y consideró que no podía ser ni ley orgánica ni armonizadora pues no
es potestad del poder legislativo armonizar
la política autonómica pues tal cosa es interpretar la Constitución, competencia
del propio Tribunal y no de las Cortes).
A continuación, creo que sería útil una
breve cronología de aquellas primeras semanas del año 1981.
27 de enero: Suárez presenta ante el rey Juan
Carlos I su dimisión como presidente del Gobierno.
29 de enero: Suárez anuncia públicamente en
televisión su dimisión como presidente del Gobierno. La Comisión Permanente de
UCD elige a Calvo-Sotelo a propuesta de Suárez para sucederle al frente del
ejecutivo.
6 de febrero: ETA asesina al ingeniero de la
central nuclear de Lemóniz, en construcción, José María Ryan, secuestrado días
antes, como parte de su brutal campaña contra la edificación de dicho complejo.
6 a 8 de febrero: Se reúne en Palma de Mallorca el II
Congreso de UCD, donde Suárez presenta oficialmente su dimisión al frente del
partido y en el que resulta elegido para sucederle como presidente Agustín
Rodríguez Sahagún y como secretario general el también suarista Rafael Calvo
Ortega.
20 de febrero: Calvo-Sotelo no obtiene en la
votación de su investidura la mayoría absoluta preceptiva y se fija la fecha
del día 23 para una segunda votación, donde ya bastaría la mayoría simple.
23 de febrero: El teniente coronel Tejero
secuestra al Gobierno y a los diputados que se encontraban procediendo a la
segunda votación de la investidura de Calvo-Sotelo como presidente del
Gobierno, con la intención de hacer triunfar el golpe de Estado liderado por el
general de división Alfonso Armada y Comyn, segundo jefe del Estado Mayor del
Ejército, y el teniente general Jaime Miláns del Bosch, al frente de la
Capitanía General de la III Región Militar.
24 de febrero: El rey Juan Carlos I se dirige a la
una y media de la noche (en un mensaje grabado horas antes) a la ciudadanía, a
través de la televisión pública, para atajar la intentona golpista de forma
explícita. Los sublevados se rinden y son detenidos a mediodía.
25 de febrero: En el Congreso de los Diputados se
reanuda la sesión de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo
Calvo-Sotelo, que obtiene 186 votos afirmativos frente a 158 negativos y
rechaza la oferta socialista para formar un ejecutivo de coalición con el apoyo
de los diputados comunistas.
26 de febrero: Un real decreto concede el título
de duque de Suárez al anterior presidente del Gobierno.
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