Ya aprobada la Constitución, se llegó a enero de
1979, cuando el día 3 el Estado español y la Iglesia católica firmaron los que
han pasado a ser conocidos como Cuatro
Acuerdos Principales, a los que se les dio rango de convenio internacional,
se unían por decir así al Básico de tres años atrás, y que también sin duda
poseen un marcado carácter pragmático.
Las negociaciones para llegar a su fin habían sido llevadas a cabo en su tramo ya decisivo y final a la par que tenían lugar los propios debates en torno a la redacción de la Constitución y el pacto fue ratificado por las Cortes el 13 de septiembre de aquel año 79. Para muchos, esos acuerdos aseguraron una nueva situación de privilegio de una institución, la Iglesia católica, dentro de un Estado que desde entonces hace verdaderos equilibrios para tenerse a sí mismo por un poder aconfesional, laico, ajeno a las premisas ideológicas del catolicismo romano.
Cada uno de aquellos acuerdos se ocupaba de un ámbito, pues si uno era jurídico (el que reconocía la personalidad de la Iglesia y del matrimonio canónico), otro se dedicaba a la enseñanza y a otros aspectos culturales (donde el elemento más polémico y problemático en un futuro inmediato sería el grado de atención que a la enseñanza religiosa, vale decir católica, se comprometía el Estado en tanto que regulador del sistema educativo: elevado para muchos, reducido para los más acólitos), uno tercero era de alcance castrense, militar (donde se dilucidaba la asistencia católica a las Fuerzas Armadas), y uno último tenía carácter económico (pues el Estado adquiría un compromiso explícito para colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica, a la que además otorgaba jugosas exenciones fiscales).
Este texto forma parte de mi artículo 'Se cumplen 40 años de los acuerdos de España con la Iglesia católica', publicado en Nueva Tribuna el 2 de enero de 2019, que puedes leer completo en ESTE ENLACE.
Las negociaciones para llegar a su fin habían sido llevadas a cabo en su tramo ya decisivo y final a la par que tenían lugar los propios debates en torno a la redacción de la Constitución y el pacto fue ratificado por las Cortes el 13 de septiembre de aquel año 79. Para muchos, esos acuerdos aseguraron una nueva situación de privilegio de una institución, la Iglesia católica, dentro de un Estado que desde entonces hace verdaderos equilibrios para tenerse a sí mismo por un poder aconfesional, laico, ajeno a las premisas ideológicas del catolicismo romano.
Cada uno de aquellos acuerdos se ocupaba de un ámbito, pues si uno era jurídico (el que reconocía la personalidad de la Iglesia y del matrimonio canónico), otro se dedicaba a la enseñanza y a otros aspectos culturales (donde el elemento más polémico y problemático en un futuro inmediato sería el grado de atención que a la enseñanza religiosa, vale decir católica, se comprometía el Estado en tanto que regulador del sistema educativo: elevado para muchos, reducido para los más acólitos), uno tercero era de alcance castrense, militar (donde se dilucidaba la asistencia católica a las Fuerzas Armadas), y uno último tenía carácter económico (pues el Estado adquiría un compromiso explícito para colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica, a la que además otorgaba jugosas exenciones fiscales).
Este texto forma parte de mi artículo 'Se cumplen 40 años de los acuerdos de España con la Iglesia católica', publicado en Nueva Tribuna el 2 de enero de 2019, que puedes leer completo en ESTE ENLACE.
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