Lo que fue el Tribunal de Orden Público

Durante el conocido como segundo franquismo (aquella etapa autoritaria de desarrollo tecnocrático comenzada a finales de la década de 1950, que duraría hasta el estertor del régimen del general Franco), en España, el ejercicio de la represión gubernamental transcurrió por unos cauces pretendidamente dignos del entorno occidental en que al régimen le gustaba creerse inmerso (alejados de la crueldad inmisericorde de la posguerra).

El Tribunal de Orden Público fue creado para juzgar los llamados delitos políticos, se instituyó por medio de la Ley sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, de 2 de diciembre de 1963; y perduró hasta el final –y aun un poco más allá– del franquismo, pues solo cesó en sus funciones cuando fue suprimido mediante la promulgación de un real decreto-ley en enero de 1977. El Tribunal, habitualmente referido como TOP, sustituía al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y a la justicia militar, que hasta entonces había monopolizado el enjuiciamiento represor del régimen.

Aquella Ley de diciembre de 1963 creó realmente, dentro de la jurisdicción ordinaria, no solo un Tribunal sino también un Juzgado de Orden Público. Confirió a ambos “competencia privativa para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional”. La razón de su fundación está detrás de los acontecimientos relacionados con la detención en noviembre del 62, pero sobre todo con el proceso y fusilamiento, de Julián Grimau y con la polémica internacional subsecuente. Aunque su función estaba delimitada a velar, como hemos constatado anteriormente, por el mantenimiento del orden público y por la obediencia a los “principios del Estado”, persiguiendo los delitos tipificados por la Ley de represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 y por la de Orden público de 1959, su actividad real estuvo destinada a ejercer la más pura represión de cualquier atisbo de disidencia. La prueba es que durante sus trece años (desde marzo de 1964, en que entró en vigor) instruiría 22.600 procedimientos, 3.889 de ellos finalizados con sentencias, tras juzgar a 9.000 personas, la inmensa mayoría de ellas condenadas a penas de cárcel o sancionadas económicamente. De hecho, tal fue el crecimiento de los procedimientos incoados que a finales de 1972 el Decreto de 13 de abril de ese año crearía el Juzgado de Orden Público nº 2 y duplicaría la plantilla del TOP.

 

Uno de los asuntos más relevantes desde el punto de vista de la historia política de cuantos dirimió el TOP fue el relacionado con las Comisiones Obreras, que el 27 de enero de 1967 habían llevado a cabo la que habían denominado “Marcha sobre Madrid”, cuando miles de metalúrgicos exigieron en la capital del régimen libertades sindicales en medio de la más grande manifestación reivindicativa que hasta entonces había conocido el franquismo.

El 14 de marzo, las Comisiones Obreras (CCOO) fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Orden Público. Comienza el conocido como Proceso 1001.

CCOO promovió, sin demasiado éxito, el 12 de diciembre una jornada de lucha en apoyo a los encausados en el Proceso 1001. Ochos días después, la organización terrorista vasca ETA asesinó en Madrid a Carrero Blanco (además de a su escolta, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández; y al conductor del vehículo presidencial, José Luis Pérez Mogena). Ese mismo día 20 tenía lugar el inicio de la vista oral del Proceso 1001, que durará dos días más. Acusados de pertenencia a una organización ilegal, es decir al Partido Comunista de España (PCE), los miembros de CCOO detenidos el año antes, fueron condenados por el TOP el día 30 a 162 años de prisión: Marcelino Camacho a 20 años, Nicolás Sartorius a 19, Miguel Ángel Zamora Antón a 12, Pedro Santiesteban a 12, Eduardo Saborido a 20, el sacerdote Francisco García Salve a 19, Luis Fernández a 12, Francisco Acosta a 12, Juan Muñiz Zapico a 18 y Fernando Soto Martín a 17.

El Tribunal Supremo rebajó el 15 de febrero las penas a los condenados, que habían recurrido las del TOP, dejando en 6 años de prisión la de Camacho; en 5 la de Sartorius, Saborido y García Salve; en 4 las de Muñiz Zapico y Soto Martín, y tan solo en 2 las de Zamora Antón, Santiesteban, Luis Fernández y Acosta. Ya fallecido Franco, serán todos ellos indultados por el rey Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975.

 

Ya durante la Transición, en el año 1977 (que comenzaba con el mes con la más sangrienta de las semanas que transcurrirían durante todo el periodo, cuya culminación fue la matanza de varios abogados laboralistas el día 24, en la madrileña calle de Atocha, a manos de pistoleros ultraderechistas, sangrientos defensores del búnker cada vez más derrotado), entre los 37 reales decretos e incluso leyes que allanaban el camino al consenso, y ya eran parte del cambio, promulgados desde enero hasta las elecciones generales de junio, cabe destacar la supresión del franquista TOP y de toda la legislación a él asociada, el 4 de enero; además de la legalización de partidos políticos de febrero, que no era sino un hábil retoque del llamado Estatuto de Asociaciones Políticas del tardofranquismo (ya modificado por un real decreto-ley de junio del año anterior, todavía bajo Arias Navarro, al cual de hecho “revisa parcialmente”, aquel del discurso con que se abre este segundo capítulo) que eliminaba la arbitrariedad gubernamental a la hora de ser admitido en el Registro de Asociaciones Políticas; las medidas de gracia de marzo que permitieron que docenas de presos vascos salieran a la calle y la ampliación ese mes además de los supuestos de la amnistía del año anterior; las normas electorales también del mismo mes, como de marzo es la regularización del derecho de huelga; la Ley de abril sobre regulación del derecho de asociación sindical; la supresión del Movimiento Nacional por medio de un real decreto-ley de 1 de abril, titulado nada más y nada menos que “sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento”; la libertad de expresión promulgada ese mismo día también…

El 16 de noviembre de 1978 fue asesinado por ETA en Madrid el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Mateu Cánoves, que había sido el último presidente del TOP.

Este artículo es una adaptación de algunos capítulos de mi libro de 2013 El franquismo (publicado por Sílex ediciones, con prólogo de Ángel Viñas) y de mi libro de 2015 La Transición (con prólogo de Álvaro Soto Carmona y epílogo a cargo de Justo Serna)