Las 37 leyes que fundamentaron la Transición

O de cómo se reformó el franquismo para acabar con la dictadura, y con el franquismo, sin necesidad de romperlo.

 

“[…] desde la caída del gobierno Arias, esa sensación única, irrepetible, de vivir todavía en un pasado que pugna por no desaparecer y un futuro que está ya ahí, presente, pero que no acaba de llegar […] no es que tuviéramos que recordar el pasado; es que vivíamos con el pasado pegado a la espalda.”

Santos Juliá: Elogio de Historia en tiempo de Memoria, 2011.

 

La Ley para la Reforma Política fue promulgada el 4 de enero de 1977. Cuando los ciudadanos españoles decidieron, a finales del año anterior, y por medio de un referéndum, tras décadas de dictadura, que fueran convocadas elecciones libres, democráticas, para abrir la posibilidad de establecer una reforma constitucional, la transformación política del Estado resultaba ya evidente. Lo que la mayoría quería era la reforma. Lo que no querían los españoles era la ruptura. Y ahí la palabra consenso fue definitiva.

El primer Gobierno de Adolfo Suárez había logrado completar, como bien remarcara el historiador español Álvaro Soto, su triple éxito: derrotar a los continuistas en las Cortes y a los defensores de la ruptura, primero en la calle (me refiero al fracaso de la gran huelga general del día 12 de noviembre a la hora de impedir el proceso tal y como lo estaba conduciendo el segundo gabinete de la monarquía), y, de inmediato, en las urnas.

La oposición política acabó por sentarse a negociar la manera de integrarse en el proceso. La significativa y mayoritaria ratificación plebiscitaria de la Ley para la Reforma Política había legitimado democráticamente la reforma constitucional de las Leyes Fundamentales de la dictadura, que serían sustituidas por una auténtica constitución, y, especialmente, al propio Gobierno de Suárez.

Por su parte, el rey Juan Carlos I dejaba con ese resultado plebiscitario de ser un rey designado por un dictador para convertirse en un rey legitimado por el refrendo popular de la vía transicional que venía pergeñando en medio del oleaje de los acontecimientos sociales, económicos y políticos, favorables las más de las veces, pero en ocasiones contrarios al rumbo que había decidido instituir a su reinado.

Enero de 1977, el mes de la promulgación de la ley por antonomasia de los reformistas, aquella para la Reforma Política, incluyó entre sus semanas a la más sangrienta de toda la Transición, aquella que ha sido dada en llamar la semana trágica de laTransición, cuya culminación fue la matanza de varios abogados laboralistas el día 24, en la madrileña calle de Atocha, a manos de pistoleros ultraderechistas, sangrientos defensores del búnker cada vez más derrotado.

Si algo ayuda a entender la efervescencia de los seis primeros meses del año 77, desde enero hasta las elecciones generales de junio, es la relación de los (nada más y nada menos que 37) reales decretos e incluso leyes que allanaban el camino al consenso porque ya eran parte del cambio: la supresión del franquista Tribunal de Orden Público y de toda la legislación a él asociada, en enero; la legalización de partidos políticos de febrero, que no era sino un hábil retoque del llamado Estatuto de Asociaciones Políticas del tardofranquismo (ya modificado por un real decreto-ley de junio del año anterior, todavía bajo el franquista Carlos Arias Navarro, al cual de hecho “revisa parcialmente”) que eliminaba la arbitrariedad gubernamental a la hora de ser admitido en el Registro de Asociaciones Políticas; las medidas de gracia de marzo que permitieron que docenas de presos vascos salieran a la calle y la ampliación ese mes además de los supuestos de la amnistía del año anterior; el Real Decreto-ley sobre Normas electorales, del día 18 del mismo mes, que estableció la representación proporcional para el Congreso, con candidaturas bloqueadas y cerradas y candidaturas individuales para el Senado, en ambos casos presentadas por partidos políticos, federados o coligados; como de marzo es la regularización del derecho de huelga; la Ley de abril sobre regulación del derecho de asociación sindical (de libertad sindical, en suma, que supone la legalización ese mismo mes de CC. OO., UGT, USO, la nacionalista vasca Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos –ELA-STV− y el nacionalista catalán Solidaritat d'Obrers de Catalunya –SOC–, así como la de la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo −CNT− y otras organizaciones sindicales ya en mayo); la supresión del Movimiento Nacional por medio de un real decreto-ley de 1 de abril, titulado nada más y nada menos que “sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento”; la libertad de expresión promulgada ese mismo día también…

Incluso el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los países del bloque comunista, que se completaba el día 9 de febrero, cuando se acuerda con la Unión Soviética, Checoslovaquia y Hungría el intercambio de embajadores, tal y como ya se había llevado a cabo un mes antes con Rumania, Bulgaria, Polonia y Yugoslavia.

[Este texto es una adaptación de algunos de los que componen mi libro de 2015 La Transición (Sílex ediciones).]